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LA NUEVA CORTE JURA A CUENTAGOTAS Y DEBUTA CON LA BATALLA DE LAS TARIFAS

La Corte Suprema de Justicia quedará completada con sus cinco miembros cuando termine la feria judicial, a fines del mes de julio. Los nuevos integrantes cuyos pliegos acordó el Senado la semana pasada asumirán por etapas. La semana que viene lo hará Horacio Rosatti, el “peronista bueno” según el escrutinio del oficialismo, que lo propuso por indicación de Elisa Carrió. El otro integrante, Carlos Rosenkrantz que proviene de la otra gran familia política criolla, el radicalismo, jurará después del 29 de julio, cuando termine la feria judicial de invierno.

La intención de los dos magistrados era asumir en la primera semana de agosto, pero el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti hizo gestiones ante el poder Ejecutivo para que acelerase el proceso de completar el número de miembros lo más posible. Logró que Rosatti, que fue ministro de Justicia cuando el gobierno de Néstor Kirchner lo incorporó a la Corte, aceptase adelantar los tiempos para que el tribunal regularice su funcionamiento.

Mauricio Macri firmó anoche los decretos de designación de los nuevos jueces, que serán publicados hoy en Boletín Oficial. Para esa firma, el presidente declaró inaugurado el nuevo sistema de firma electrónica de normas que instauró el ministerio de Modernización como un nuevo signo de los tiempos.

La prisa del Ejecutivo y de la Corte por apurar esas juras se entiende, porque ya está circulando por los despachos del 4° piso del palacio de la calle Talcahuano (sede del tribunal), el primer caso importante que ha presentado el gobierno Macri: el pedido de per saltum para que rechace los amparos que han dictado jueces de varias jurisdicciones frenando los aumentos de tarifas. Esos amparos han frenado en Mendoza y en Chubut el pago de las nuevas tarifas dispuestas por el ministerio de Energía, con lo cual el gobierno ve demorada una de las herramientas para bajar el gasto, que son los subsidios a la energía eléctrica y al gas.

Por esas decisiones el oficialismo paga un alto costo político ante la opinión pública y ante la oposición, sin la recompensa de un alivio de la tesorería. Cada día que pasa el gobierno se desgasta en una puja que movió al ministro Juán José Aranguren a dedicar las últimas horas a largos exámenes públicos. Uno fue ante el plenario de Comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y Derechos y Garantías del Senado, adonde explicó los planes del gobierno de mantener, y hasta aumentar, subsidios a los usuarios pobres, y de trasladar las ayudas de la oferta a la demanda. Los legisladores aprovecharon que era miércoles, y que un canal de cable trasmite esos días las sesiones de comisiones, para reprocharle en todos los tonos al ministro por los aumentos.

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Juan José Aranguren rindió examen ante un plenario de Comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Derechos y Garantías, del Senado de la Nación. En la foto, junto a Juan Manuel Abal Medina, Adolfo Rodríguez Saá, Luis Naidenoff, Guillermo Pereyra  y Federico Pinedo. La suerte de su plan tarifario depende de la nueva Corte.

Aranguren también dio explicaciones ante un plenario de defensores del público de todos los distritos del país. Sólo le falta que haga lo mismo en las peñas de panelistas de la TV adonde ofician todos los protagonistas del show político vernáculo.

Aranguren firmó él mismo el pedido de per saltum a la Corte para que este tribunal defienda las facultades del gobierno para fijar las tarifas de gas. En esa presentación se hizo asesorar por los abogados de la Procuración General del Tesoro que conduce Carlos Balbín. La finalidad es que la Corte voltee las cautelares dictadas por jueces de primera instancia de varias provincias. La presentación se refiere al amparo que dictó el juez federal subrogante de San Rafael, Mendoza, Eduardo Puigdéngolas, que suspendió el pago de aumentos en los departamentos mendocinos de General Alvear, Malargüe y San Rafael. El propio Balbín, había hecho antes una presentación ante la Corte reclamando contra otro amparo dictado por el juez federal de Rawson, Trelew, que también suspendió los aumentos. En este caso, Balbín reclama que la Corte asuma la jurisdicción originaria porque se trata de un litigio entre la Nación y una provincia.

Estas presentaciones circulan ya por los despachos de los tres jueces, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, pero éstos han acordado no tomar ninguna resolución hasta que no hayan asumido los nuevos integrantes. Los magistrados entienden, con razón, que una decisión de esta envergadura podría ser criticada por no esperar a que se completase el número, cuando están ya aprobadas las designaciones por el Congreso y el Ejecutivo.

Resolver sobre tarifas, además, es hoy decidir sobre una polémica medida de gobierno que implica volcar la opinión a un lado del debate sobre la política energética.

La decisión de los jueces tiene dos etapas, una de rumbo incierto; y otra que está resuelta por la jurisprudencia. La primera implicará la primera puja política entre los magistrados; y es la discusión sobre si el caso tiene “gravedad institucional” como para que la Corte lo admita. Si los jueces niegan esa gravedad, estarán volcando la opinión en favor de la oposición al gobierno Macri. Lo harían si prima en el grupo la idea de que la Corte no puede intervenir en medidas cautelares. Si la admiten, le darán una mano al gobierno Macri, porque la segunda cuestión está ya zanjada por la jurisprudencia – y la Procuración General de la Nación – que han sostenido siempre que las tarifas hay que pagarlas, y en todo caso quejarse después. En suma, si se admite el “per saltum”, el gobierno podrá cobrar las nuevas tarifas y los quejosos deberán seguir con los reclamos después de haber pagado.

Las relaciones del gobierno Macri con la Corte son un modelo para armar: el presidente Lorenzetti mantiene con frecuencia diálogos personales con el primer mandatario en los cuales se hacen consultas mutuas. Ése es el único enlace que hay, porque el gobierno no tiene emisarios habilitados para ese nivel de relaciones. El ministro Germán Garavano suele hablar con miembros de la Corte, pero no sobre temas políticos, sino acerca de los proyectos de reforma.

El macrismo tiene a Lorenzetti bajo examen porque sabe de la relación que ha tenido con hombres del anterior gobierno como Carlos Zannini, justificadas por razones de Estado, ya que del lado del kirchnerismo sólo hubo quejas desde 2012 sobre el presidente del tribunal. En ese año el gobierno Kirchner lanzó un intento de reforma de la justicia que la Corte sepultó. También arrastra la leyenda de que fallos como la ley de medios y la devolución de descuentos de la coparticipación a provincias salieron 48 horas después de dos derrotas electorales del peronismo (2013 y 2015), presuntamente a pedido de Cristina de Kirchner. Desde la Corte han explicado siempre que peor hubiera sido que esos fallos hubieran salido antes de esas elecciones.

Otro factor que divide aguas son las campañas de hostigamiento de Elisa Carrió sobre Lorenzetti que han obligado a que hablasen Macri y el “justice”. El gobierno ha dicho que la diputada opina por sus fueros y que no comparte esas críticas, pero todos admiten el lugar central que tiene Carrió en la alianza de gobierno.

Con este cuadro, es obvio que el gobierno tiene razón en esperar que la Corte falle a su favor en el tema tarifas, como una manera de establecer un nuevo plano de buenas relaciones. Si el fallo es en contra, será una señal de guerra que hoy nadie quiere.

Foto principal: Mauricio Macri inauguró en Olivos la era de las firmas electrónicas con los decretos de designación de los nuevos miembros de la Suprema Corte. En la foto, la lucha con el mouse junto al secretario  Legal y Técnico de la Nación Pablo Clusellas.

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