El gobierno ordenó este martes el regreso al país de los embajadores ante Gran Bretaña y ante los organismos internacionales en Ginebra, Renato Sersale di Cerisano ( https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224678/20200121) y Carlos Foradori ( https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224677/20200121). La decisión se fundamenta en los dos casos en ” razones de servicio” que los decretos no detallan. El objetivo es disparar, antes del viaje a Israel, algunos cohetazos hacia Gran Bretaña para sacarla, como dice uno de los responsables de la política exterior, de la zona de confort en que vivía bajo el gobierno de Macri.
La decisión abre otro round de la revisión por parte del gobierno de líneas centrales de acción de la administración anterior. Los dos funcionarios removidos estuvieron a cargo de abrir un canal de diálogo con Gran Bretaña en torno a Malvinas en 2016 que motivó, desde 2016, críticas de la oposición y del propio oficialismo.
Ese canal se formalizó en la discutida Declaración Foradori-Duncan (el texto está en https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/comunicado-conjunto-9) que habilitó consultas de los dos países sobre explotación de recursos en el Mar Argentino usurpado por Gran Bretaña. También un programa de vuelos a Puerto Argentino. Los dos mecanismos serán desmantelados por el gobierno. Foradori era el vicecanciller de Susana Malcorra. Alan Duncan era Ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica. Se reunieron el 12 y 13 de setiembre de 2016 y firmado esa declaración.
En el oficialismo y la oposición ese comunicado fue resistido por entender que se trataba de un virtual acuerdo que el gobierno había suscripto a espaldas del Congreso. El peronismo formuló un rechazo frontal de la iniciativa que ahora, que está en el gobierno, va a convertir en otra bandera para castigar la herencia recibida. Una síntesis de esa posición puede leerse en el proyecto de rechazo que propuso el bloque peronista en 2018 y que cuyas firmas encabezó Daniel Filmus, hoy secretario de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida (el texto en https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5605-D-2018).
En aquel momento Foradori, un diplomático ligado al radicalismo, fue a rendir examen al Congreso y Elisa Carrió hizo fuertes reproches a ese comunicado. En noviembre renunció. Los detalles de aquella crisis fueron contados en este sitio (ver: MALVINAS: CUENTAPROPISMO Y CABLES PELADOS (Los imprescindibles del lunes) ACTUALIZADO con quejas de Malcorra https://zuletasintecho.com/2016/09/19/malvinas-cuentapropismo-y-cables-pelados-los-imprescindibles-del-lunes/ vía @wordpressdotcom).
Poco después Carrió dejó la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores, desde donde había amenazado hasta con un pedido de juicio político a la canciller Malcorra, a quien le atribuyeron ese formato de acercamiento de Gran Bretaña. Los críticos de la funcionaria relacionaron esa decisión con la campaña de Malcorra para competir por la secretaría general de la ONU.
La excanciller ha explicado que esa declaración fue fruto de su reunión del 12 de mayo de 2016 con el canciller inglés Philip Hammond, la primera a ese nivel entre los dos países en 14 años. Niega que fuera un acuerdo o que desconociese al Congreso, y menos que significase una cesión en el tema soberanía en Malvinas. Según Malcorra se trató de una hoja de ruta que le diera marco a su intención principal, que era emprender el proceso de reconocimiento de los soldados caídos en la guerra de 1982. “Para eso debimos – afirma -reconocer un listado más amplio de cuestiones que, eventualmente, serían tema de discusión y negociación” (Susana Malcorra, Pasión por el resultado: El liderazgo femenino ante las grandes decisiones, Bs.As.: Paidós, 2018, pp.165-171).
Según la excanciller, el “Comunicado” mostraba una intención de desarrollar y trabajar sobre cuestiones de interés mutuo sin que hubiera ninguna solución ya establecida. Por esa razón no era necesario que lo aprobase el Congreso, ya que era el primer paso de algo que, de acordarse, debiera aprobar el Poder Legislativo. Ese comunicado, en opinión de Malcorra, fijaba esa hoja de ruta de acciones sobre las que trabajar en múltiples frentes y estaba enmarcado en la intención de restablecer una forma de trabajo coordinado en muchas cuestiones, más allá de Malvinas. Entre ellas se enumeraban las Consultas del Diálogo Político sobre múltiple cuestiones de interés bilateral y multilateral. Este diálogo se había interrumpido en el período de los gobiernos de los Kirchner y el nuevo Gobierno consideró oportuno retomarlo. Ese comunicado, insistió siempre Malcorra, en cuanto al Atlántico Sur se enmarcaba en la fórmula del “paraguas de soberanía” acordada durante el Gobierno de Alfonsín.
Malcorra admite que las referencias al desarrollo sostenible no fueron entendidas. Apuntaban a encontrar mecanismos para eliminar la explotación de pesca predatoria existente y a buscar fórmulas para la explotación petrolífera. Como argumento sostuvo que en el lapso cuando no se dialogó, las licencias otorgadas por las Malvinas se multiplicaron sin asegurar la protección medioambiental. Las Argentina, argumenta aun hoy, era observador distantes de lo que ocurría sin tener ningún mecanismo de intervención. Todo eso estaba enmarcado en una filosofía de aproximación que se contraponía a de la confrontación del Gobierno hasta 2015, e implicaba un cambio de táctica ante la evidencia que el congelamiento de las relaciones no había logrado ningún resultado. Eso es lo que busca modificar ahora el giro de la cancillería.
La publicidad de los decretos tuvo un antecedente: este lunes debió reunirse una comisión binacional de consultas sobre explotación de recursos del mar. El gobierno anunció a Gran Bretaña que quedaba suspendida.
Para la cancillería de Felipe Solá, que parte hoy junto a Alberto Fernández rumbo a Israel, la clave del nuevo plan es la suspensión del trabajo de las comisiones que intercambian información sobre recursos marítimos y del subsuelo en la zona exclusiva de la Argentina (hasta la milla 200) y la zona usurpada por Inglaterra. Esta cooperación, entiende el nuevo gobierno, fue un grave retroceso en las relaciones porque fuerza al gobierno a intercambiar información pesquera en donde los kelpers se han enriquecido extendiendo licencias pesqueras en la zona ilegal.
Esta resolución se complementa con otras, como el endurecimiento de la actitud sobre las empresas petrolíferas que exploran al norte de las islas. No podrán entrar a Vaca Muerta y aseguran en el gobierno que se hará un seguimiento en detalles del tema para evitar cambios de nombre de empresas para disfrazarse. Una firma israelí fue advertida de la incompatibilidad de tener negocios en el área disputada de Malvinas y en Vaca Muerta. La primera señal que recibió el gobierno es que esa compañía prefiere estar en Vaca Muerta. Acaba de aparecer una israelí y la informamos.
Los vuelos San Pablo-Córdoba-Puerto Argentino también serán revisados para resolver si cubren necesidades militares, comerciales sanitarias o turísticas de las islas.
El objetivo de la cancillería es, como dijo uno de los funcionarios a cargo del tema, sacar a Gran Bretaña de su zona de confort creando un nuevo frente de fricción con Londres con un tema de inequívoco valor político. En su discurso de asunción en diciembre pasado, Alberto Fernández incluyó un párrafo enfático sobre la defensa de la soberanía en las islas que algunos citan como un antecedente de estas decisiones simbólicas, como cesarlos a Foradori y Sersale. En el viaje que inicia hoy hacia Israel, Fernández se verá con autoridades británicas como el Príncipe de Gales y el presidente y el primer ministro de Israel.
Hacia adentro, es un capítulo de la pelea interna con los radicales. La UCR luce títulos históricos en defensa de la soberanía de Malvinas como la gestión, bajo el gobierno de Arturo Illia, de la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 16 de diciembre de 1965 por gestión del canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz. El peronismo formalizó bajo la presidencia de Carlos Menem los acuerdos de Madrid que reabrieron las relaciones después de la guerra de 1982. Ese formato incluye el llamado “paraguas de soberanía” que habían negociado funcionarios de Raúl Alfonsín. Bajo la cancillería de Guido di Tella se acusó al gobierno de entonces de buscar acercamientos hacia Londres cediendo a pedidos de los isleños a los que respondía con una política de seducción.
Peronismo y radicalismo piensan lo mismo sobre Malvinas, que son argentinas. Pero siempre encuentran algún motivo para convertir esa causa en un argumento de confrontación.
Foto principal: Felipe Solá con la Baronesa Gloria Hooper, presidenta de la Comisión Parlamentaria del Reino Unido para América Latina y miembro de la Cámara de los Lores, Danikel Filmus, secretario de Malvinas, y el embajador británico, Mark Kent. Se reunieron en diciembre, cuando asumió el nuevo gobierno.