Parte de esa negociación “de otro modo” incluye la cláusula para que la Nación asegure el financiamiento de obras públicas que le interesan a la CABA. Entre ellas están el nuevo penal de Marcos Paz, del cual depende el traslado del penal de Devoto; las mejoras del desagüe Medrano; una segunda etapa del viaducto Belgrano Sur, y la revisión de la suspensión del entierro (o “soterramiento” según los culteranos) del Sarmiento. Larreta sostiene que sus resultados electorales dependen de las obras que ha hecho, como el Paseo del Bajo. Por eso se conforma si le aseguran esas obras. La quita actual representa el 10% del presupuesto de la CABA, que equivale a todo el gasto de la obra pública. Tiene a su favor las leyes de emergencia, que se han votado para recomponer las partidas y también juega en su beneficio la oportunidad que le da este volantazo de Olivos para desmarcar del destino común. La Nación tiene a su cargo la política nacional contra el virus, que se le complica por el aumento de contagios y muertes, especialmente en el otro distrito que domina el tridente nacional, Buenos Aires. En esa pelea Larreta muestra mejores resultados por los activos del distrito – dinero, sistema de salud, etc. – pero paga el costo del descrédito de la Nación, como vocero de las desgracias. Con este divorcio tiene la oportunidad de despegarse del destino de Alberto y de Kicillof, y mostrarse como la solución a un problema que arrastra a los otros dos. Tiene la ventaja de poder victimizarse: me sacan la plata justo cuando aporto como pocos a la atención de la salud de la CABA y también del AMBA y las provincias. Justo a mí. Y los deja a Alberto y a Axel contando la cantidad de muertos y amenazando con el botón rojo.
Las miradas sobre la Corte, que dio una señal política
Ahora a todos volverán a mirar hacia la Corte, que tiene una semana más para responder al reclamo de los jueces, cuyo traslado quiere anular el Senado. La sesión que iba a aprobarlo se postergó para la semana que viene. Ocurrirá el viernes, que es cuando la cámara puede tratar, sin necesidad de 2/3 la denuncia penal contra Eduardo Casal que dictaminó la comisión de Asuntos Constitucionales. El oficialismo avanzó con esta demanda porque se cree ofendido porque el procurador demoró la jura de los nuevos miembros del Jury, tribunal al que quien someterlo para que deje el cargo. Una extravagancia legislativa que revela también el instinto homicida de sus adversarios. Hay pocos antecedentes de que una comisión del Congreso trate y dictamine una cuestión de privilegio, que es lo que planteó el senador Claudio Doñate contra Casal. Esas cuestiones justifican discursos, pero nunca dictámenes. La última vez que ocurrió fue en el año 2000, cuando el Senado citó a la SIDE a dar explicaciones sobre la información de una nota de La Nación de Joaquín Morales Solá sobre presuntos banelcos. La planteó Antonio Cafiero, pero no se citó al periodista a quien el senador quería incomodarlo preguntándole sobre las fuentes que había usado. Algo imposible de lograr en un profesional. Seguramente Cafiero sabía cuál era esa fuente. Antes, en 1984, la cámara de Diputados había dictaminado otra cuestión de privilegio contra el cura Christian Von Wernich y lo arrestó durante tres días en un “calabozo” del Congreso por dichos ofensivos al cuerpo. Con esa jurisprudencia avanza el Senado contra el Procurador. Los reclamos de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia están a estudio de los supremos, que el jueves dieron la primera señal de contenido político desde aquella vez que le dieron manos libres a Cristina, para imponer el protocolo de sesiones remotas en el Senado. Por unanimidad le pidieron al gobernador de Formosa Gildo Insfran que informe sobre la prohibición que dictó, para que cerca de 4.000 formoseños no puedan regresar a esa provincia desde otros distritos. La denuncia la firmó el senador Luis Naidenhoff como un pedido de hábeas corpus. El tribunal, antes de fallar en el reclamo de un amparo en favor de esos formoseños que permanecen en la frontera con el Chaco, aunque cumplen con los requisitos antivirus que les exigen, ofició ante Insfran. La sentencia dice “que los hechos que se denuncian exigen que esta Corte —como custodio de las garantías constitucionales— requiera a la Provincia de Formosa los informes que estima necesarios al objeto del pleito (artículo 36, inciso 40, apartado a, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). La señal hay que leerla a luz del debate entre cuarentenistas y antricuarentenistas, que se libra en todo el mundo y que en la Argentina ha dado origen a fronteras interiores como esta de Formosa, o la que dispuso San Luis para aislarse del virus, y de los cordobeses.
(De la columna “Una represalia que responde a una estrategia” – Entretelas de la política: https://clar.in/3issCPl?fromRef=twitter)