El otro peronismo, el que no gobierna, va por el repechaje después de aquel proyecto de la Mesa de los 4 que no resistió a la unificación electoral del PJ detrás de los Fernández. Aprovecha también el 17 peronista y hará una testimonial: un mensaje para llamar a los que quedaron afuera del Frente de Todos. Lo firmará sólo Miguel Pichetto, bajo la sigla “Peronismo Republicano Federal”. Es una solicitada que se publicará en medios el mismo sábado 17. Sigue la táctica de construir un peronismo que juegue como la cuarta fuerza dentro de una alianza de la que podrán ser parte los tres que hoy están en Juntos por el Cambio (el PRO, la UCR, la Coalición de Elisa Carrió, que reaparece en la noche de este domingo por TV). Ese diseño propone usar las PASO como arbitraje de posiciones.
Pichetto participó de un zoom con Luis Juez con peronistas de Córdoba. Juez se anota para las elecciones a senador nacional del año que viene. Es uno de los grandes torneos del turno 2021 porque diputarán el peronismo y los caciques de Cambiemos en el distrito mágico para el macrismo. Pichetto insistió en que las PASO tienen que decidir. Ese proyecto también intenta retoques de marketing, como eliminar la palabra “cambio” y que la alianza de 4 se llame sólo “Juntos”. El año pasado, cuando aceptó ser candidato a vice de Macri, Pichetto puso una condición: no puedo ser candidato de la sigla “Cambiemos”. Ahí nació “Juntos por el Cambio”, que ahora entra a boxes como marca partidaria.
Al oficialismo le falta una Patricia
Capitanich parlamenta con frecuencia con Alberto, pero dejó de escuchar señales sobre el partido hace rato. Por eso hay que imaginarlo lejos de este esquema. Cree que el partido tiene que ser funcional al Gobierno, y convertirse en un think tank, con una sede que imagina, por ejemplo, en un predio abierto, con espacios abiertos -no las oscuras oficinas de la calle Matheu, de las que cree el PJ debe deshacerse, para liquidar un esquema viejo-. Ese partido nuevo, que por ahora Alberto no quiere (y menos Cristina, para quien el PJ no existe, salvo cuando lo necesita a modo de un SAME como herramienta electoral), tendría que cumplir una función de descarga, en términos futbolísticos. Tirar una pared es en este juego una función de descarga, que nadie cumple en el Gobierno, salvo los voceros espontáneos como Heller o Moreau, que son extra-partidarios y salen en los medios a defender a Alberto, ante el silencio de los peronistas que tienen cargos.
Esas intervenciones en medios no agregan mucho, porque los programas de esa especialidad tienen baja audiencia, pero los políticos se mueren por unos segundos de pantalla. Ilusiones. El juego se agrava cuando hay que plantearse una estrategia. En el oficialismo y la oposición las conducciones son colegiadas. El Gobierno cohesiona voluntades porque gobernar ordena la tropa. Pero le cuesta definir una estrategia, algo que le es más fácil a la oposición. El Gobierno es un club de cuentapropistas y cada cacique tiene objetivos y estrategias diversas. En la oposición el objetivo es más simple: lograr que el peronismo no aumente legisladores -en especial diputados en Buenos Aires-, no discutir liderazgos y mantenerse unidos como coalición legislativa. Capitanich reconoce que a ellos les falta una Patricia Bullrich, que no le deja pasar una al gobierno. Todo gobierno, en este punto, sueña con un Jaroslavsky, el látigo del radicalismo en los ’80.
Jueces condicionan funcionamiento virtual de los partidos
La cercanía de esta disputa interna explica que la Cámara Nacional Electoral dictase esta semana la acordada 51 que regula las sesiones virtuales o remotas de los partidos políticos. Los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía ya dieron antes un primer paso para asegurar que haya elecciones, con vacuna o sin vacuna, cuando convocaron a los partidos y al Poder Ejecutivo a integrar una mesa que organizase los protocolos, para que pueda haber elecciones bajo las restricciones que impone la peste. Se adelantó a los estudios que tenía muy elaborados el Gobierno, para avanzar con una suspensión de las PASO de agosto de 2021.
Ahora dieron un segundo paso adelante, con la aprobación del protocolo para regular el funcionamiento de los partidos con mecanismos remotos. La acordada 51/2020 establece las condiciones que deben cumplir los partidos para tomar decisiones, sesionar en consejos directivos y congresos, etc. Los argumentos son que las actividades de todos los poderes del Estado se ajustan a las condiciones sanitarias para funcionar, y que los partidos deben adaptarse a ellas para asegurar la legalidad y legitimidad de sus actos.
Es un problema que se plantea hoy también en las empresas, y el regulador, en este caso la Inspección General de Justicia, estudia medidas también para que queden pruebas de la identidad de quienes toman decisiones, que después pueden ser impugnadas por accionistas. El protocolo incluye mecanismos de certificación de identidades, registros de actas y videos, y hasta un control de las plataformas que se usarán. Clave, porque también se adelantan a la posibilidad de que el tema sea objeto de algún proyecto de ley.
Los protocolos sanitarios que funcionan en los tres poderes han sido aprobados por resoluciones y decretos. No por ley. El funcionamiento de los partidos es privativo de organizaciones de derecho público, y no faltará quien diga que podría afectarse la ley electoral. Pero un proyecto de ley es una caja de Pandora. Puede entrar por razones de la gripecita, y puede salir la ley más benigna, que siempre están esperando los forajidos de la vida.
Manda lapicera más fuerte
En el país de los gobiernos débiles es razonable que la lapicera más fuerte, en este caso la de los jueces, deba asumir responsabilidades que caminan por el borde de sus atribuciones. El plan es vigilar las decisiones de los partidos, y sigue las mismas rutinas que ya aplican el Congreso nacional y algunas legislaturas provinciales, con ayuda del Registro Nacional del Personas, para acreditar la identidad de quienes participan en la sesiones. Ya hubo un congreso del PJ de la provincia de Buenos Aires y funcionó con un protocolo elaborado por el apoderado Jorge Landau, que usó el mismo mecanismo del Senado de la provincia de Buenos Aires, también con la ayuda del ReNaPer.
La virtualidad es un atajo para los manejos autoritarios, y la CNE busca prevenirse de denuncias por decisiones amañadas. El sindicalista Luis Barrionuevo denunció en 2009 que el Consejo del PJ sesionó en la quinta de Olivos y decidió intervenir el PJ de Catamarca, en donde quería ser candidato. Néstor Kirchner era “primer caballero” de Cristina, fue acusado por Barrionuevo de llevar al Consejo a su casa, y dijo que esa reunión había sido ficticia. Es uno de los extremos más recordados de ficción partidaria. Los jueces electorales intentan con este protocolo impedir que la virtualidad, condenada por el Papa Francisco como forma de relacionarse, sirva para aumentar esos casos.
(De la columna “La derrota de Cristina Kirchner, señales al FMI y Alberto Fernández nuevo jefe peronista”, en Avant Premiere de Clarín de hoy. https://clar.in/2GH3U0i?fromRef=twitter “)