Ahora se quieren ahorrar USD 50 mil
En el mismo rango de torpeza figura otro proyecto que trata el Senado el miércoles de esta semana. Se trata de modificar el reglamento de la cámara en el artículo que ordena que los listados de postulantes a cargos judiciales se publiquen en el Boletín Oficial en internet, y en diarios de mayor circulación.
El oficialismo de la cámara planteó la oportunidad de quitar esa mención a los “diarios de más circulación”, escudándose en dos argumentos. Uno, que es muy caro, porque la publicidad de las 200 ternas de postulantes le puede costar al Congreso unos 50 mil dólares. Dos, que en tiempos de redes es difícil decir qué significa diario de más circulación.
En la reunión de Labor Parlamentaria, Patricia Bullrich expuso la necesidad de ahorrar ese dinero, quizá necesarios para cubrir otros gastos (viajes adornados, diría un lenguaraz). Todos los bloques apoyaron el proyecto, que si se aprueba quitará la mención a “diarios de mayor circulación” y solo exigirá que los nombres de los postulantes se exhiban en el Boletín Oficial y en la web del Congreso.
En la sesión de Labor no estuvo Victoria Villarruel, a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei. Presidió Bartolo Abdala y mocionó por el ajuste la senadora Bullrich. Se trata de modificar el art. 22 bis del reglamento y requiere 2/3 de los votos. Firmaron todos los bloques.
El peronismo dijo que el oficialismo tenía 47 votos para lograr ese ahorro y que entonces ellos se desentendían y apoyaban. Lo hicieron con una sonrisa que recordó la máxima napoleónica: Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error.
Glaciares: la audiencia de nunca acabar
El Gobierno tuvo esos tropezones con la ley de Bases y con el fracaso de la designación de los jueces en la Suprema Corte de Justicia. En estos días tiene que enfrentar el tratamiento de la ley de glaciares en Diputados.
Vino del Senado casi blindada para no recibir revisión en la Cámara baja, después de que senadores y diputados del oficialismo trabajasen para limar diferencias y lograr una sanción exprés -el senador fueguino Agustín Coto trabajó en eso con la diputada radical Pamela Verasay-.
Llegado el proyecto a Diputados en celofán y con el moño, la Casa Rosada ordenó al bloque del oficialismo que abriese el debate en audiencias públicas. Lograron que se anotasen miles de interesados en discutir esa norma que, según el oficialismo, no vulnera el bien que busca proteger y les exige a los inversores condiciones más duras que la ley anterior.
De lo que se trataba era de darles juego a las provincias para negociar con empresas un recurso que les dio la Constitución. Cuando uno pregunta a quién se le ocurrió abrir las audiencias, aparece señalada la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, que pasó de un estudio de abogados a controlar la legalidad del Gobierno.
Nadie puede explicar qué se buscó. Los empresarios ya calculan lo que les costará la judicialización de la norma después de este debate, que puede ser uno de los más estridentes en mucho tiempo. Los gobernadores de provincias mineras que pidieron esos cambios ya calculan los riesgos de acordar con un gobierno que rechaza la política.
(De la columna «Cumbre por las PASO: el cambio de Cristina y todos miran a los gobernadores», AVANT PREMIERE, en Clarín de hoy – https://www.clarin.com/politica/cumbre-paso-cambio-cristina-miran-gobernadores_0_IVcRFelQuP.html)