La Suprema Corte de Justicia volteó los amparos que frenaban los aumentos de la luz. En una sentencia que apuró los tiempos previstos, el tribunal hizo caer las cautelares que habían concedido, a pedido de organizaciones de consumidores y el partido Justicialista, la cámara federal de la La Plata y una jueza de San Martín, Buenos Aires. El primer caso llegó a la Corte por la vía de un recurso extraordinario presentado por el gobierno. La decisión de la jueza Martina Forns había llegado por una vía que el tribunal consideró inapropiado y por eso también la mandó para atrás-
La sentencia, que es la primera con cinco firmas por el debut de Carlos Rosenkrantz, afirma – como lo adelantó este sitio ayer (https://zuletasintecho.com/2016/09/05/corte-y-confeccion-camara-lenta-para-el-aumento-de-la-luz-los-imprescindibles-del-lunes/ vía @wordpressdotcom) que los promotores de la demanda no tienen los papeles en orden.
El tribunal afirma que los dirigentes políticos que firman la querella no están investidos de representación para una demanda colectiva, algo que no afecta a su condición de legítimos representantes partidarios.
También le quita títulos al defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, por no haber sido elegido según el procedimiento legal.
También pide informes a la justicia sobre la entidad Club 12 de octubre de Quilmes para conocer si tiene los papeles en orden como para tocarle el timbre a la Corte. El pedido dice que debe determinarse “si dicho club representa a alguna categoría determinada de clubes de barrio o de pueblo”. No vaya ser que se trate de un country club…
En la otra causa, la Corte le propina un suave reto a la jueza de San Martín. Le devuelve la causa porque no usa la via y el procedimiento adecuado para convertir la demanda en una causa colectiva. Le hace los mismos reproches de legitimidad que empleó ante la Cámara de San Martín, y se queja de que con su pretensión de que intervenga la Corte pone en riesgo el prestigio de la justicia, al ponerla en responsable de la fijación de precios. Eso tiene, dice el fallo, un riesgo institucional, dice la sentencia, “porque al desplazar discrecionalmente la radicación del asunto -en que está en tela de juicio la validez del régimen tarifario en materia de energía eléctrica con un colectivo que, según la jueza, se extiende a todos los usuarios de la Nación- trasladó a esta Corte la responsabilidad por la decisión final de un conflicto de gravedad institucional que la sociedad y los poderes políticos, de la Nación y de las Provincias, vienen aguardando con especial interés, sustrayéndose de sus obligaciones como jueza de la Nación, colocando a esta Corte en un escenario judicial en el que, por el momento, no le compete conocer, y comprometiendo el prestigio de todo el Poder Judicial al frustrar las legítimas expectativas de los ciudadanos que aguardan la resolución definitiva de este conflicto, ignorando los “tecnicismos” legales de las disposiciones regulatorias de la competencia, de los procesos colectivos y de la acumulación de procesos” (http://www.cij.gov.ar/adj/pdfs/ADJ-0.640316001473180397.pdf).
La decisión de la Corte se conoce horas después de que el gobierno anunciase un nuevo cuadro tarifario para el gas, que llevará a las audiencias del 16 de setiembre en la Usina de las Artes. Esta tarde, para agregarle emoción al trámite, la cúpula de la UCR le llevó a Juan José Aranguren un documento con su propuesta de tarifas, a una reunión que se hizo en un lugar cargado de simbolismo, el Salón Negro del ministerio de Hacienda.
El documento de la UCR propone una baja gradual del precio del gas en boca de pozo. Dicho en cristiano, significa reducir el subsidio que hay entre el valor que declara YPF a la Bolsa (US$ 1,9 por millón de BTU) y el de U$S 5,5 que se les paga hoy a las petroleras. En el nuevo tarifario que se conoció el lunes por la tarde, ese valor se propone ahora en los US$ 3,42. El costo anual de ese subsidio está calculado en alrededor de U$S 6.000 millones y en el gobierno lo justifican en la necesidad de sostener a las empresas del sector para prevenirlas de la quiebra, algo que le ocurre a las petroleras de todo el mundo por la baja del precio internacional. El temor del gobierno es que esas empresas despidan gente. Los trabajadores del sector están en la gama más alta del club del salario caro (petroleros, camioneros, construcción): Este es un debate abierto: ¿vale la pena sostener a un sector que produce a pérdida un producto contaminante que en 20 años se dejará de usar?
Los radicales en el salón Negro de Hacienda, le explican a Juan José Aranguren su proyecto de reducir el subsidio al gas en boca de pozo, que sostiene a las empresas del sector
El tribunal también hizo debutar la firma de Rosenkrantz para responder al pedido de Elisa Carrió y su lugarteniente Fernando Sánchez sobre publicidad de declaraciones juradas de sus miembros. Le mandaron a decir que hay un reglamento; que ellos lo cumplen y que esperan que ella también. Las declaraciones de los jueces tienen un anexo “reservado” que sólo puede consultarse bajo ciertas condiciones.
Esta resolución (http://www.cij.gov.ar/adj/pdfs/ADJ-0.653992001473176910.pdf) tiene como trasfondo la puja política entre Carrió y Ricardo Lorenzetti. La diputada tiene un pliego de quejas sobre el presidente de la Corte que alimenta en el gobierno el recelo de sus personeros hacia Lorenzetti. Éste ha reclamado ante Macri que la frenen a Carrió, una quimera procesal, ética y estética.
Los chispazos de este choque quedan para más tarde porque Carrió y Lorenzetti están de viaje. Ella, después de romper lanzas en defensa del aduanero Juan José Gómez Centurión (a) El Masculino Calvo (según las pesquisas que lo caminaron para denunciarlo) parte en la noche del martes de viaje a Europa.
Lorenzetti estará el miércoles en el Vaticano a dar una conferencia en una cumbre del Diálogo Interreligioso y la OEA de la que participarán, entre otros, Adalberto Rodríguez Giavarini, Luis Almagro, Jorge Enríquez, Guillermo Marcó, Hugo Sigman, Omar Abboud, Rabino Daniel Goldman y Rogelio Pfirter. Según el programa final se dio de baja el asesor de Almagro en la OEA, el empresario Gustavo Cinosi, otrora visitante frecuente a la casa de Gobierno, a la embajada de los Estados Unidos y defensor de Carlos Zannini.
El Papa cada vez que da un paso político, lo precede otro que le da el marco explicativo. Recibe jueves a este grupo que va a jalearlo a Bergoglio por la encíclica Laudato Si, pero la semana pasada lo mandó a Buenos Aires a monseñor Marcelo Sánchez Sorondo a marcar la cancha.
El canciller de las academias pontificias de Ciencias y de Ciencias Sociales apareció en la legislatura porteña junto al valido del Papa Gustavo Vera y los jueces Sebastián Casanello y Jorge Rafecas en una mesa redonda sobre la trata de personas (de reprimirla, se entiende). Fue una movida de respaldo bergogliano a esos magistrados que, mandó a decir, “juegan bien, pero los están persiguiendo”.
Sánchez Sorondo cumplió la misión, que tuvo su costo. Cuando llegaba a la sede del acto fue asaltado por un masculino que le intentó arrebatar el imponente crucifijo que cuelga sobre su pecho. Sánchez Sorondo, hijo de quien inspiró a algunos dirigentes montoneros, reaccionó y logró impedir el robo. El masculino huyó con sus anteojos, un tema de preocupación para el obispo. E ladrón se habrá extrañado de las cosas que se pueden ver a través de esos lentes de mejor vista.
Esta semana Sánchez Sorondo señala a otro amigo del Papa, el antropólogo Luis Liberman, quien organiza un seminario amparado en el sello de inspiración francisquista Cátedra del Diálogo y de la Cultura del Encuentro.
Lo que adelantó ayer este sitio: