Ya contamos que a fin de mes se perfecciona el traspaso del juego de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires . Eso implica el cierre de Lotería Nacional, que quedará como ente residual a cargo del Prode y del Gordo de Navidad que deben ser derogados por ley (La última oportunidad de Cambiemos para cambiar – http://clar.in/2sPkX4H). La ciudad seguirá administrando el juego en los casinos del Hipódromo y de los barcos de Costanera Sur, a los que no se les prorrogó la concesión (La Ciudad toma el control del juego y lo fiscalizará desde un centro de monitoreo – http://clar.in/2sZ36sd).
Esto implica el final de la administración del juego bajo responsabilidad del Estado. La potestad para esa actividad es provincial.
El compromiso inicial entre Mauricio Macri y Elisa Carrió fue que uno de los puntos principales era desalentar y combatir esa actividad. También los obispos desde hace años han reclamado terminar con esa actividad. Entienden que castiga a los más pobres – Francisco Manrique hablaba del juego como el impuesto al boludo – y a los ludópatas. Además, que es la cobertura para el dinero negro, las mafias y otras actividades perversas como la prostitución, el narcotráfico y el lavado de dinero.
Esa actividad es señalada como una fuente de financiamiento de la política, en blanco y en negro. El canon del juego suele ser discutido periódicamente con los concesionarios como se hace con el presupuesto anual. Es frecuente que gobiernos provinciales acuerden adelantos del canon para sufragar baches en los recursos. Es inconmensurable el fondo y la forma del financiamiento clandestino de la política.
El gobierno nacional bajo las administraciones Menem y Kirchner sostuvieron las concesiones del juego en la Capital Federal, amparados en que el Hipódromo de Palermo y los barcos de la Costanera Sur estaban en terrenos y aguas de jurisdicción federal. El gobierno porteño acordó recibir una parte de la recaudación, pero toleraron ese dominio nacional. Cuando asumieron Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la Nación y en la ciudad ese debate terminó. Acordaron el traspaso de la actividad a la ciudad, que ahora termina de perfeccionarse. Ese proceso coincidió con el achicamiento de la actividad con el cierre de los bingos y la caída de los compromisos por los cuales los concesionarios no pagaban impuestos en la medida de lo requerido.
El mecanismo fue poner la autoridad del juego bajo un mismo mando, a cargo del asesor en temas complejos del gobierno Fabián Rodríguez Simón. Este abogado es asesor honorario de los institutos del juego en la Nación y en la ciudad y actuó como el delegado del gobierno para vigilar la gestión en los dos organismos.
Rodríguez Simón es diputado al Parlasur, director de YPF y trabaja en el área jurídica esa empresa. También integra la mesa de asesores de Macri. En la pelea del juego, ha tenido un equipo que integra Pablo Bourlot (director de Lotería Nacional), Tomas Elizalde (presidente de LNSE), Martin Garcia Santillán (presidente de Lotería de Buenos Aires), Santiago Alberdi (director de Lotba), Belisario Alvarez de Toledo (vicepresidente de LNSE), Agustina Pando y Dolores Ruival (directoras de LNSE), Dolores Pujol y Guadalupe Navarro (directoras de Lotba). Elizalde reemplazará en julio próximo a Gabriel Castelli, como Secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo de Carolina Stanley. Lleva como segundo a Alvarez de Toledo. Su padre Félix Elizalde fue presidente del Banco Central bajo la presidencia de Arturo Illia. Alberdi es el tesorero del Pro nacional y funge como apoderado adjunto de ese partido, bajo el comando de José Torello, que es además jefe de gabinete de asesores de Macri. Ha entendido en el tema de juego durante el primer mandato de Macri como jefe de gobierno de la CABA. Fue quien sumó a Rodríguez Simón a la administración macrista desde 2007.
