EMERGENCIA: QUÉ SE VOTO, QUIÉN LO VOTÓ, QUIÉN NO Y QUIÉN SE AUSENTÓ (El texto y el resultado de la votación)

Damos aquí el texto del proyecto de ley de emergencia que votó la cámara de Diputados  que esta tarde tratará el Senado. También la planilla de votación en general. Graciela Camaño y Elisa Carrió no estuvieron en el momento de votar en general.

TÍTULO I

Declaración de emergencia pública

 

Artículo 1º – Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2º, hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

Art. 2º – Establécense las siguientes bases de delegación:

 

  1. a) Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos;
  2. b) Reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos;
  3. c) Promover la reactivación productiva, poniendo el acento en la generación de incentivos focalizados y en la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro, pequeñas y medianas empresas;
  4. d) Crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal;
  5. e) Fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos;
  6. f) Procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas no transmisibles; atender al efectivo cumplimiento de la ley 27.491, de control de enfermedades prevenibles por vacunación, y asegurar a los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y del Sistema Nacional del Seguro de Salud el acceso a las prestaciones médicas esenciales;
  7. g) Impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerados y generar mecanismos para facilitar la obtención de acuerdos salariales.

 

 

 

TÍTULO II

Sostenibilidad de la deuda pública

 

Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional remitirá un informe con los resultados alcanzados como producto de las gestiones y actos mencionados en el artículo 3º de esta ley a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación del Honorable Congreso de la Nación.

 

TÍTULO III

Sistema energético

 

Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal, y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las leyes 24.065, 24.076 y demás normas concordantes, a partir de la vigencia de la presente ley y por un plazo máximo de hasta ciento ochenta (180) días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020.

Invitase a las provincias a adherir a estas políticas de mantenimiento de los cuadros tarifarios y renegociación o revisión de carácter extraordinario de las tarifas de las jurisdicciones provinciales.

 

Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a intervenir administrativamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por el término de un (1) año.

 

Art. 7º – Suspéndese la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 124 de la ley 27.467. Durante la vigencia de la emergencia declarada en la presente, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR).

 

 

 

 

 

 

TÍTULO IV

Obligaciones tributarias

Capítulo 1 – Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para mipymes

 

Art. 8º – Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que encuadren y se encuentren inscriptos como micro, pequeñas o medianas empresas, según los términos del artículo 2º de la ley 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen por el presente capítulo. A tal fin, deberán acreditar su inscripción con el certificado mipyme, vigente al momento de presentación al régimen que se aprueba por la presente ley, conforme lo establecido por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del actual Ministerio de Desarrollo Productivo. Podrán acogerse al mismo régimen las entidades civiles sin fines de lucro.

Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en:

  1. a) Cuotas con destino al Régimen de Riesgos del Trabajo y los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y a las ART a establecer programas de regularización de deudas similares a las previstas en el presente capitulo;
  2. b) Los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono establecidos por el título III de la ley 23.966 (t. o. 1998) y sus modificatorias; el impuesto al gas natural sustituido por ley 27.430; el impuesto sobre el gasoil y el gas licuado que preveía la ley 26.028 y sus modificatorias, y el Fondo Hídrico de Infraestructura que regulaba la ley 26.181 y sus modificatorias, ambos derogados por el artículo 147 de la ley 27.430;
  3. c) El impuesto específico sobre la realización de apuestas, establecido por la ley 27.346 y su modificatoria.

Aquellas pymes que no cuenten con el certificado mipyme al momento de la publicación de la presente podrán adherir al presente régimen de manera condicional, siempre que lo tramiten y obtengan dentro del plazo establecido en el último párrafo del presente artículo. La adhesión condicional caducará si el presentante no obtiene el certificado en dicho plazo. La autoridad de aplicación podrá extender el plazo para la tramitación del mismo.

Se podrá incluir en este régimen la refinanciación de planes de pago vigentes y las deudas emergentes de planes caducos. Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones correspondientes al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa establecido por la ley 23.427 y sus modificatorias, así como los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias y los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional. No resultan alcanzadas por el mismo las obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios.
El acogimiento previsto en el presente artículo podrá formularse entre el primer mes calendario posterior al de la publicación de la reglamentación del régimen en el Boletín Oficial hasta el 30 de abril de 2020, inclusive.

 

Art. 9º – Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior las obligaciones allí previstas que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento y/o, en su caso, desistimiento, podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según corresponda. Quedan también incluidas en el artículo anterior aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinarlas y exigirlas, y sobre las que se hubiere formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables, siempre que el requerimiento lo efectuare el deudor.

 

Art. 10. – El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria o aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. En el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación total producirá la extinción de la acción penal aduanera en los términos

de los artículos 930 y 932 de la ley 22.415 (Código Aduanero), en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento.

La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a su interposición. También importará el comienzo o la reanudación, según el caso, del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera.

 

Art. 11. – Establécese, con alcance general, para los sujetos que se acojan al régimen de regularización excepcional previsto en este capítulo y mientras cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior, las siguientes exenciones y/o condonaciones:

  1. a) De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificatorias, en la ley 17.250 y sus modificatorias, en la ley 22.161 y sus modificatorias y en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto en este capítulo;
  2. b) Del cien por ciento (100 %) de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37 y 52 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificatorias, del capital adeudado y adherido al régimen de regularización correspondiente al aporte personal previsto en el artículo 10, inciso c), de la ley 24.241 y sus modificaciones, de los trabajadores autónomos comprendidos en el artículo 2º, inciso b), de la citada norma legal;
  3. c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificatorias, los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional) previstos en los artículos 794, 797, 845 y 924 de la ley 22.415 (Código Aduanero) en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para cada caso se establece a continuación:
  4. Período fiscal 2018 y obligaciones mensuales vencidas al 30 de noviembre de 2019: el diez por ciento (10 %) del capital adeudado.
  5. Períodos fiscales 2016 y 2017: veinticinco por ciento (25 %) del capital adeudado.
  6. Períodos fiscales 2014 y 2015: cincuenta por ciento (50 %) del capital adeudado.
  7. Períodos fiscales 2013 y anteriores: setenta y cinco por ciento (75 %) del capital adeudado.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será de aplicación respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas, o por infracciones cometidas al 30 de noviembre de 2019.

 

Art. 12. – El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 30 de noviembre de 2019, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal. De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.

Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 30 de noviembre de 2019, inclusive. Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 30 de noviembre de 2019, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

 

La liberación de multas y sanciones importará, asimismo y de corresponder, la baja de la inscripción del contribuyente del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), contemplado en la ley 26.940.

 

Art. 13. – El beneficio que establece el artículo 11 procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, algunas de las siguientes condiciones:

  1. a) Compensación de la mencionada deuda, cualquiera sea su origen, con saldos de libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos a los que tengan derecho por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en materia impositiva, aduanera o de recursos de la seguridad social a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;
  2. b) Cancelación mediante pago al contado, hasta la fecha en que se efectúe el acogimiento al presente régimen, siendo de aplicación en estos casos una reducción del quince por ciento (15 %) de la deuda consolidada;
  3. c) Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos, los que se ajustarán a las siguientes condiciones:
  4. Tendrán un plazo máximo de:
  5. 1. Sesenta (60) cuotas para aportes personales con destino al Sistema Único de la Seguridad Social y para retenciones o percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social.
  6. 2. Ciento veinte (120) cuotas para las restantes obligaciones.
  7. La primera cuota vencerá como máximo el 16 de julio de 2020 según el tipo de contribuyente, deuda y plan de pagos adherido.
  8. Podrán contener un pago a cuenta de la deuda consolidada en los casos de pequeñas y medianas empresas.
  9. La tasa de interés será fija, del tres por ciento (3 %) mensual, respecto de los primeros doce (12) meses, y luego será la tasa variable equivalente a BADLAR utilizable por los bancos privados. El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las condiciones que al efecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos.
  10. La calificación de riesgo que posea el contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos no será tenida en cuenta para la caracterización del plan de facilidades de pago.
  11. Los planes de facilidades de pago caducarán:
  12. 1. Por la falta de pago de hasta seis (6) cuotas.
  13. 2. Incumplimiento grave de los deberes tributarios.
  14. 3. Invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado para compensar la deuda.
  15. 4. La falta de obtención del certificado mipyme en los términos del artículo 8° de la presente ley.

 

Art. 14. – Los agentes de retención y percepción quedarán liberados de multas y de cualquier otra sanción que no se encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, cuando exterioricen y paguen, en los términos del presente régimen, el importe que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo.

De tratarse de retenciones no practicadas o percepciones no efectuadas, los agentes de retención o percepción quedarán eximidos de responsabilidad si el sujeto pasible de dichas obligaciones regulariza su situación en los términos del presente régimen o lo hubiera hecho con anterioridad.

Respecto de los agentes de retención y percepción, regirán las mismas condiciones suspensivas y extintivas de la acción penal previstas para los contribuyentes en general, así como también las mismas causales de exclusión previstas en términos generales.

 

Art. 15. – No se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas, así como los intereses previstos en el artículo 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, por las obligaciones comprendidas en el presente régimen.

 

Art. 16. – Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial:

  1. a) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificatorias, o 25.284 y sus modificatorias, mientras duren los efectos de dicha declaración;
  2. b) Los condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes 23.771, 24.769 y sus modificatorias, título IX de la ley 27.430 o en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviera cumplida;
  3. c) Los condenados por delitos dolosos que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida;
  4. d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados por infracción a las leyes 23.771 o 24.769 y sus modificaciones, título IX de la ley 27.430, ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias o por delitos dolosos que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida.

 

Art. 17. – La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará la normativa complementaria y aclaratoria necesaria, a fin de implementar el presente régimen:

  1. a) Establecerá los plazos, formas, requisitos y condiciones para acceder al programa de regularización que se aprueba por la presente y sus reglas de caducidad;
  2. b) Definirá condiciones diferenciales referidas a las establecidas en el presente capítulo, a fin de: b) 1. Estimular la adhesión temprana al mismo.
  3. b) 2. Ordenar la refinanciación de planes vigentes.

 

Capítulo 2 – Reintegros a sectores vulnerados

 

Art. 18. – Sustitúyese el artículo 77 de la ley 27.467 por el siguiente:

“Artículo 77: Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a establecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales y de estímulos para los pequeños contribuyentes que efectúen las actividades indicadas en el artículo 10 de la ley 27.253, destinado a estimular comportamientos vinculados con la formalización de la economía y el cumplimiento tributario.

Tanto el reintegro como los estímulos deberán priorizar a los sectores más vulnerados de la sociedad y fomentar la inclusión financiera. Asimismo, contendrán los límites que aseguren su aplicación sostenida durante el plazo de vigencia de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, para lo cual la Administración Federal de Ingresos Públicos estará facultada a requerir informes técnicos y sociales y a coordinar su aplicación con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Administración Nacional de la Seguridad Social así como con las demás autoridades administrativas que resulten competentes.

El Ministerio de Economía determinará el presupuesto asignado para los reintegros correspondientes.”

 

Capítulo 3 – Seguridad social. Contribuciones patronales

 

Art. 19. – Establécense las alícuotas que se describen a continuación, correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de seguridad social regidos por las leyes 19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo), 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino) y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares), a saber:

  1. a) 20,40 % para los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad principal encuadre en el sector servicios o en el sector comercio, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa 220 del 12 de abril de 2019 y su modificatoria, o la que en el futuro la reemplace, siempre que sus ventas totales anuales superen, en todos los casos, los limites para la categorización como empresa mediana tramo dos efectuado por el órgano pertinente.
  2. b) 18 % para los restantes empleadores pertenecientes al sector privado no incluidos en el inciso anterior. Asimismo, esta alícuota será de aplicación a las entidades y organismos del sector público comprendidos en el artículo 1° de la ley 22.016 y sus modificatorias.

 

A los fines de los incisos anteriores, se entenderá como empleadores pertenecientes al sector público a los comprendidos en la ley 24.156 y sus modificatorias de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, y/o comprendidos en normas similares dictadas por las provincias, las municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el caso.

Las alícuotas fijadas sustituyen las vigentes para los regímenes del sistema único de la seguridad social (SUSS), previstos en los incisos a), b), d) y f), del artículo 87 del decreto 2.284 de fecha 31 de octubre de 1991, conservando plena aplicación las correspondientes a los regímenes enunciados en los incisos c) y e) del precitado artículo.

 

Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá las proporciones que, de las contribuciones patronales que se determinen por la aplicación de la alícuota a que alude el primer párrafo del artículo precedente, se distribuirán a cada uno de los subsistemas del sistema único de seguridad social allí mencionados, de conformidad con las normas de fondo que rigen a dichos subsistemas. Hasta que entre en vigencia la norma por la que se fijen tales proporciones, las contribuciones patronales que se determinen por la aplicación de las referidas alícuotas se distribuirán en igual proporción a la aplicable hasta el momento de entrada en vigencia de la presente ley.

 

Art. 21. – De la contribución patronal definida en el artículo 19, efectivamente abonada, los contribuyentes y responsables podrán computar, como crédito fiscal del impuesto al valor agregado, el monto que resulta de aplicar a las mismas bases imponibles, los puntos porcentuales que para cada supuesto se indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente ley.
En el caso de los exportadores, las contribuciones que resulten computables como crédito fiscal del impuesto al valor agregado, de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior, tendrán el carácter de impuesto facturado a los fines de la aplicación del artículo 43 de la ley del tributo, t. o. en 1997 y sus modificatorias.

 

Art. 22. – De la base imponible sobre la que corresponda aplicar la alícuota prevista en el primer párrafo del artículo 19, se detraerá mensualmente, por cada uno de los trabajadores, un importe de pesos siete mil tres con sesenta y ocho centavos ($ 7.003,68) en concepto de remuneración bruta.
El importe antes mencionado podrá detraerse cualquiera sea la modalidad de contratación, adoptada bajo la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, t. o. 1976, y sus modificatorias, el Régimen Nacional de Trabajo Agrario ley 26.727 y el Régimen de la Industria de la Construcción establecido por la ley 22.250, sus modificatorias y complementarias.
Para los contratos a tiempo parciales a los que refiere el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, t. o. 1976, y sus modificatorias, el referido importe se aplicará proporcionalmente al tiempo trabajado considerando la jornada habitual de la actividad. También deberá efectuarse la proporción que corresponda, en aquellos casos en que, por cualquier motivo, el tiempo trabajado involucre una fracción inferior al mes.
De la base imponible considerada para el cálculo de las contribuciones correspondientes a cada cuota semestral del sueldo anual complementario, se detraerá un importe equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del que resulte de las disposiciones previstas en los párrafos anteriores. En el caso de liquidaciones proporcionales del sueldo anual complementario y de las vacaciones no gozadas, la detracción a considerar para el cálculo de las contribuciones por dichos conceptos deberá proporcionarse de acuerdo con el tiempo por el que corresponda su pago. La detracción regulada en este artículo no podrá arrojar una base imponible inferior al límite previsto en el primer párrafo del artículo 9° de la ley 24.241 y sus modificatorias.

La reglamentación podrá prever similar mecanismo para relaciones laborales que se regulen por otros regímenes y fijará el modo en que se determinará la magnitud de la detracción de que se trata para las situaciones que ameriten una consideración especial.
Los empleadores comprendidos en los decretos 1.067 del 22 de noviembre de 2018, 128 del 14 de febrero de 2019 y 688 del 4 de octubre de 2019 y su modificatorio, con los requisitos y condiciones previstos en esas normas, deberán considerar que la suma a la que se refiere el primer párrafo de este artículo es, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, de pesos diecisiete mil quinientos nueve con veinte centavos ($ 17.509,20), la que no sufrirá actualización alguna. Similar detracción a la prevista en el párrafo anterior podrán aplicar los empleadores concesionarios de servicios públicos, en la medida que el capital social de la sociedad concesionaria pertenezca en un porcentaje no inferior al ochenta por ciento (80 %) al Estado nacional.

 

Art. 23. – Adicionalmente a la detracción indicada en el artículo anterior, los empleadores que tengan una nómina de hasta veinticinco (25) empleados, gozarán de una detracción de hasta pesos diez mil ($ 10.000) mensual, aplicable sobre el monto total de las contribuciones determinadas.

 

Art. 24. – Las disposiciones del presente capítulo no serán de aplicación para los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las disposiciones de las leyes 13.047 y 24.049, hasta el 31 de diciembre de 2020, los que continuarán aplicando las alícuotas de contribuciones patronales que les correspondieron hasta la entrada en vigencia de la presente ley.

 

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar el plazo indicado en el primer párrafo del presente artículo cuando así lo aconseje la situación económica del sector. Esta facultad solo podrá ser ejercida previos informes técnicos favorables y fundados del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía.

 

Art. 25. – El Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en lo que fuere materia de su competencia, serán las autoridades de aplicación de la presente ley, quedando facultados para dictar las normas interpretativas y complementarias correspondientes.

 

Art. 26. – Deróganse los decretos 814/01 y 1.009/01 y el artículo 173 de la ley 27.430.

 

 

 

Capítulo 4 – Ajuste por inflación impositivo

 

Art. 27. – Sustitúyese el artículo 194 de la ley de impuesto a las ganancias t. o. en 2019, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 194: El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1º de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes. Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de impuesto a las ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019.”

 

 

Capítulo 5 – Bienes personales e impuesto cedular

 

Art. 28. – Modifícase, con efectos a partir del período fiscal 2019 inclusive, el artículo 25 de la ley 23.966 del impuesto sobre los bienes personales, t. o. en 1997 y sus modificatorias, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 25.– El gravamen a ingresar por los contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17, será el que resulte de aplicar, sobre el valor total de los bienes sujetos al impuesto –excepto aquellos que queden sujetos a la alícuota que se determine de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo y los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley– que exceda del establecido en el artículo 24, la siguiente escala:

Delégase en el Poder Ejecutivo nacional hasta el 31 de diciembre de 2020, la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores hasta en un 100 % sobre la tasa máxima expuesta en el cuadro precedente, para gravar los bienes situados en el exterior, y de disminuirla, para el caso de activos financieros situados en el exterior, en caso de verificarse la repatriación del producido de su realización, supuesto en el que podrá fijar la magnitud de la devolución de hasta el monto oportunamente ingresado. En el supuesto de definir dichas alícuotas diferenciales y a fin de determinar el monto alcanzado por cada tasa, el mínimo no imponible se restará en primer término de los bienes en el país.
A los fines previstos en el párrafo precedente, se entenderá, por activos financieros situados en el exterior, la tenencia de moneda extranjera depositada en entidades bancarias y/o financieras y/o similares del exterior; participaciones societarias y/o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en todo tipo de entidades, sociedades o empresas, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior incluidas las empresas unipersonales; derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (trusts o similares) de cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior o en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior; toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, valores representativos y certificados de depósito de acciones, cuotapartes de fondos comunes de inversión y otros similares, cualquiera sea su denominación; créditos y todo tipo de derecho del exterior, susceptible de valor económico y toda otra especie que se prevea en la reglamentación, pudiendo también precisar los responsables sustitutos en aquellos casos en que se detecten maniobras elusivas o evasivas.
Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito solo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior. En caso de que el Poder Ejecutivo nacional ejerciera la facultad prevista en el segundo párrafo de este artículo, el cómputo respectivo procederá, en primer término, contra el impuesto que resulte de acuerdo con las disposiciones del primer párrafo de este artículo, y el remanente no computado podrá ser utilizado contra el gravamen determinado por aplicación de las alícuotas diferenciales.”

 

Art. 29. – Sustitúyese, con efectos a partir del período fiscal 2019, inclusive, el primer párrafo del artículo sin número agregado a continuación del artículo 25 del título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, t. o. 1997 y sus modificatorias, por el siguiente:

“Artículo…: El gravamen correspondiente a las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus modificaciones, cuyos titulares sean personas humanas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior, y/o sociedades y/o cualquier otra persona jurídica, domiciliada en el exterior, será liquidado o ingresado por las sociedades regidas por esa ley y la alícuota a aplicar será de cincuenta centésimos por ciento (0,50 %) sobre el valor determinado de acuerdo con lo establecido por el inciso h) del artículo 22 de la presente norma. El impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo.”

 

 

ARTICULO INTRODUCIDO – RENUMERACIÓN DEL DICTAMEN

Art. 30. – Modificase el titulo 6 de la ley 23.966 y sus modificatorias del impuesto a los bienes personales con relación a los contribuyentes con efectos para los periodos fiscales 2019 y siguientes, de la siguiente manera:

“El sujeto del impuesto se regirá por el criterio de residencia por los términos y condiciones establecidos en el artículo 116 siguiente de la ley de impuesto a las ganancias t.o 2019 quedando sin efecto el criterio de domicilio.”

 

Art. 31. – Establécese que la alícuota prevista en el primer párrafo del artículo 26 del título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, t. o. 1997 y sus modificaciones, para los períodos fiscales 2019 y siguientes, será de cincuenta centésimos por ciento (0,50 %).

 

Art. 32. – Deróganse el artículo 95 y el artículo 96 en la parte correspondiente a las ganancias que encuadren en el capítulo II del título IV, de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 2019) a partir del período fiscal 2020.

 

Art. 33. – Sustitúyese a partir de entonces, el inciso h) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 2019), por el siguiente:

“h) Los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al Régimen Legal de Entidades Financieras normado por la ley 21.526 y sus modificaciones: en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional y los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del público, conforme lo determine el Banco Central de la República Argentina en virtud de lo que establece la legislación respectiva. A efectos de la presente exención, se restablece la vigencia de las normas derogadas por los incisos b), c) y d) del artículo 81 de la ley 27.430, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley del Impuesto para las Personas Humanas y Sucesiones Indivisas residentes en el país.”

 

Art. 34– Quedan excluidos de esta exención los intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste.

 

Capítulo 6 Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS)

 

Art. (32) 35. – Establécese con carácter de emergencia, por el término de cinco (5) períodos fiscales a partir del día de entrada en vigencia de la presente ley, un impuesto que se aplicará en todo el territorio de la Nación sobre las siguientes operaciones:

  1. a) Compra de billetes y divisas en moneda extranjera –incluidos cheques de viajero– para atesoramiento o sin un destino específico vinculado al pago de obligaciones en los términos de la reglamentación vigente en el mercado de cambios, efectuada por residentes en el país;
  2. b) Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden del adquirente locatario o prestatario destinadas al pago de la adquisición de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y débito comprendidas en el sistema previsto en la ley 25.065 y cualquier otro medio de pago equivalente que determine la reglamentación, incluidas las relacionadas con las extracciones o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior. Asimismo, resultan incluidas las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales y/o cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen, mediante compras a distancia, en moneda extranjera;
  3. c) Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras destinadas al pago, por cuenta y orden del contratante residente en el país de servicios prestados por sujetos no residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y de débito, comprendidas en el sistema previsto en la ley 25.065 y cualquier otro medio de pago equivalente que determine la reglamentación;
  4. d) Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo –mayoristas y/o minoristas– del país;
  5. e) Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país en la medida en que para la cancelación de la operación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de divisas correspondientes en los términos que fije la reglamentación.

 

Art. 36. – Serán pasibles del impuesto que se aprueba por la presente ley los sujetos residentes en el país –personas humanas o jurídicas, sucesiones indivisas y demás responsables– que realicen alguna de las operaciones citadas en el artículo anterior. Si la operación se realiza mediante tarjetas de crédito, de compra y/o de débito, el impuesto alcanza a quienes sean sus titulares, usuarios, titulares adicionales y/o beneficiarios de extensiones.

No se encuentran alcanzadas por el presente impuesto las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) y b) del artículo 8º de la ley 24.156 y sus modificaciones y toda otra entidad de titularidad exclusiva del Estado nacional, y sus equivalentes en los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

Tampoco se encontrarán alcanzadas por el presente impuesto las siguientes operaciones:

  1. a) Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos;
  2. b) Los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
  3. c) Adquisición en el exterior de materiales de equipamiento y demás bienes destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población por parte de las entidades reconocidas en la ley 25054 y sus modificatorias

 

Art. 37. – El pago del impuesto estará a cargo del adquirente, locatario o prestatario pero deberán actuar en carácter de agentes de percepción y liquidación del mismo, los sujetos que para cada tipo de operaciones se indican a continuación:

  1. a) Operaciones comprendidas en el inciso a) del primer párrafo del artículo 32: Las entidades autorizadas a operar en cambios por el Banco Central de la República Argentina;
  2. b) Operaciones comprendidas en los incisos b) y c) del artículo 32: Las entidades que efectúen los cobros de las liquidaciones a los usuarios de sistemas de tarjetas de crédito, débito y/o compra respecto de las operaciones alcanzadas por el presente régimen. En caso de que intervengan agrupadores o agregadores de pago, la reglamentación establecerá el obligado en carácter de agente de percepción;
  3. c) Operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 32: Las agencias de viajes y turismo mayoristas o minoristas que efectúen el cobro de los servicios;
  4. d) Operaciones comprendidas en el inciso e) del artículo 32: Las empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática que efectúen el cobro de los mismos.

 

Art. 38. – La percepción del impuesto deberá practicarse en la oportunidad que a continuación se indica:

  1. a) Operaciones comprendidas en el inciso a) del primer párrafo del artículo 32: En el momento de efectivizarse la operación cambiaria. El importe de la percepción practicada deberá consignarse, en forma discriminada, en el comprobante que documente la operación de cambio, el cual constituirá la constancia de las percepciones sufridas;
  2. b) Operaciones comprendidas en los incisosb) y c) del artículo 32 canceladas con tarjeta de crédito y/o compra: En la fecha de cobro del resumen y/o liquidación de la tarjeta de que se trate, aun cuando el saldo resultante del mismo se abone en forma parcial. El importe de la percepción practicada deberá consignarse, en forma discriminada, en el referido documento, el cual constituirá comprobante justificativo de las percepciones sufridas;
  3. c) Operaciones comprendidas en los incisos b) y c) del artículo 32 canceladas con tarjeta de débito: En la fecha de débito en la cuenta bancaria asociada. Resultará comprobante justificativo suficiente de las percepciones sufridas el extracto o resumen bancario de la cuenta afectada al sistema de tarjeta de débito, cuando estos detallen en forma discriminada e individualizada por operación las sumas percibidas;
  4. d) Operaciones comprendidas en los incisos d) y e) del artículo 32: En la fecha de cobro del servicio contratado, aun cuando el mismo se abone en forma parcial o en cuotas, en cuyo caso el monto de la percepción deberá ser percibido en su totalidad con el primer pago. El importe de la percepción practicada deberá consignarse, en forma discriminada, en la factura o documento equivalente que se emita por la prestación de servicios efectuada, el cual constituirá comprobante justificativo de las percepciones sufridas.

 

Art. 39. – El impuesto establecido en el artículo 32 se determinará aplicando la alícuota del treinta por ciento (30 %), según el siguiente detalle:

  1. a) Sobre el importe total de cada operación alcanzada, para el caso de las operaciones comprendidas en los incisos a), b), c) y d) del primer párrafo del artículo citado;
  2. b) Sobre el precio, neto de impuestos y tasas, de cada operación alcanzada para el caso de las operaciones comprendidas en el inciso e) del primer párrafo del artículo 32.

 

De tratarse de operaciones expresadas en moneda extranjera deberá efectuarse la conversión a su equivalente en moneda local, aplicando el tipo de cambio vendedor que, para la moneda de que se trate, fije el Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha de emisión del resumen, liquidación y/o factura o documento equivalente

 

Art. 40. – La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las formas, plazos, requisitos y demás condiciones para la declaración e ingreso del impuesto previsto en el artículo 32, tanto por parte de los agentes de percepción como del sujeto imponible, así como para la acreditación de las exenciones previstas en la presente.

Asimismo, en caso de resultar necesario, dispondrá de un plazo especial para la percepción e ingreso del impuesto atendiendo a eventuales adecuaciones en los sistemas administrativos de los agentes de percepción.

 

Art. 41. – Deléganse en el Poder Ejecutivo nacional, las siguientes facultades:

  1. a) Incorporar nuevas operaciones al listado enunciado en el artículo 32, en la medida en que impliquen la adquisición de moneda extranjera de manera directa o indirecta, e identificar en su caso nuevos agentes de percepción a los enunciados en el artículo 34;
  2. b) Reducir la alícuota establecida en el artículo 36 en la medida en que se hayan morigerado las causas que motivan la emisión de la presente ley, y restituirlas en su caso;
  3. c) Suspender temporalmente la aplicación del presente impuesto en atención a razones de orden fundadas;
  4. d) Establecer una alícuota reducida a los servicios indicados en el artículo 3º inciso e) apartado 21 subapartado m) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (t. o. 1997( y sus modificaciones;
  5. e) Realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico del impuesto y de otras modalidades de transacciones que involucren directa o indirectamente adquisición de moneda extranjera que correspondan alcanzar o eximir, según el caso, con arreglo al objeto pretendido por el gravamen. A tal efecto, el Banco Central de la República Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos producirán los informes correspondientes.

Art. 42. – El producido del impuesto establecido en el artículo 32 será distribuido por el Poder Ejecutivo nacional conforme a las siguientes prioridades:

  1. a) Financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de la prestaciones del instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados: setenta por ciento (70 %);
  2. b) Financiamiento de obras de vivienda social; del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana creado por la ley 27.453 y el decreto 819/2019, prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional: treinta por ciento (30 %).

 

Art. 42 bis. – Exímese al fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana y a su fiduciario, en sus operaciones relativas al fondo, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, incluyendo el impuesto al valor agregado y el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. La exención a este último impuesto será aplicable para los movimientos de las cuentas utilizadas exclusivamente a los fines de su creación.

 

Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los tributos aplicables en su jurisdicción, en iguales términos a los establecidos en el párrafo anterior.

 

Art. 43. – El impuesto que se establece por el artículo 32 de la presente ley será de aplicación a las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados de acuerdo al cronograma establecido en el artículo 32. Su aplicación, recaudación y ejecución judicial estará cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y le será de aplicación la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificatorias.

 

 

Capítulo 7 – Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias

Art. 44 – Incorpórase como segundo párrafo del artículo 1° de la ley 25.413 y sus modificatorias, con efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del día siguiente al de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial, el siguiente:

“En el caso previsto en el inciso a), cuando se lleven a cabo extracciones en efectivo, bajo cualquier forma, los débitos efectuados en las cuentas mencionadas en dicho inciso estarán sujetos al doble de la tasa vigente para cada caso sobre el monto de los mismos. Lo dispuesto en este párrafo no resultará de aplicación a las cuentas cuyos titulares sean personas humanas o personas jurídicas que revistan y acrediten la condición de micro y pequeñas empresas, en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias.”

 

Capítulo 8 – Impuesto a las ganancias

 

Art. 45 – Dispónese que, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2019, los sujetos que obtengan las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, tendrán derecho a deducir de su ganancia neta sujeta a impuesto una suma equivalente a la reducción de la base de cálculo de las retenciones que les resulten aplicables conforme al primer párrafo del artículo 1° del decreto 561 del 14 de agosto de 2019 sin que la referida deducción pueda generar quebranto.

 

Art. 46 – Manténganse la validez y la vigencia establecidas en el segundo párrafo del artículo 95 del decreto 1.170 del 26 de diciembre de 2018, para el período fiscal 2019 y establécese que a efectos de lo dispuesto en el capítulo II del título IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, cuando se trate de títulos públicos y obligaciones negociables comprendidos en los incisos a) y b) del primer párrafo del artículo 98 de esa misma norma, podrá optarse por afectar los intereses o rendimientos del período fiscal 2019 al costo computable del título u obligación que los generó, en cuyo caso el mencionado costo deberá disminuirse en el importe del interés o rendimiento afectado.

 

Art. 47. – Suspéndese hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1º de enero de 2021 inclusive, lo dispuesto en el artículo 86 incisos d) y e) de la ley 27.430, y establécese para el período de la suspensión ordenada en el presente artículo, que la alícuota prevista en los incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, será del treinta por ciento (30 %) y que la prevista en el segundo párrafo del inciso b) de ese artículo y en el artículo 97, ambos de la misma ley, será del siete por ciento (7 %)

 

Capítulo 9 Tasa de estadística

 

Art. 48. – Establécese hasta el 31 de diciembre de 2020, en un tres por ciento (3 %) la alícuota de la tasa de estadística contemplada en el artículo 762 de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, la cual resultará aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo con excepción de aquellas destinaciones registradas en el marco de acuerdos preferenciales suscripto por la republica argentina que específicamente contemplan una exención o aquellos que incluyan mercadería originaria y de los estados parte del Mercosur. El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer, por razones justificadas, exenciones para el pago de la tasa cuando se trate de una actividad específica que tenga como objeto, entre otras, finalidades de ciencia, tecnología e innovación, la promoción de desarrollo económico o la generación de empleo.

 

Capítulo 10 – Impuestos internos

 

Art. 49 – Sustitúyese el artículo 39 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificatorias, por el siguiente:

“Artículo 39: Los bienes comprendidos en el artículo 38 deberán tributar el impuesto que resulte por aplicación de la tasa que en cada caso se indica, sobre la base imponible respectiva.
Aquellas operaciones cuyo precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea igual o inferior a pesos un millón trescientos mil ($ 1.300.000) estarán exentas del gravamen, con excepción de los bienes comprendidos en el inciso c) del artículo 38, para cuyo caso la exención regirá siempre que el citado monto sea igual o inferior a pesos trescientos noventa mil ($ 390.000) y para el caso del inciso e) la exención regirá siempre que el citado monto sea igual o inferior a pesos un millón setecientos mil ($ 1.700.000), sin aplicarse monto exento para el inciso f).
Para el caso de los bienes comprendidos en los incisos a), b) y d), cuyo precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea superior a pesos un millón trescientos mil ($ 1.300.000) e inferior a pesos dos millones cuatrocientos mil ($ 2.400.000), deberán tributar el impuesto que resulte por la aplicación de la tasa del veinte por ciento (20 %). Cuando dicho precio de venta sea igual o superior a pesos dos millones cuatrocientos mil ($ 2.400.000), deberán tributar el impuesto que resulte por la aplicación de la tasa del treinta y cinco por ciento (35 %).
Para el caso de los bienes comprendidos en el inciso c) cuyo precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea superior a pesos trescientos noventa mil ($ 390.000) e inferior a pesos quinientos mil ($ 500.000) deberán tributar el impuesto que resulte por la aplicación de la tasa del veinte por ciento (20 %) y del treinta por ciento (30 %), cuando su precio de venta sea igual o superior a pesos quinientos mil ($ 500.000).
Para el caso de los bienes comprendidos en los incisos e) y f) deberán tributar el impuesto que resulte de la aplicación de la tasa del veinte por ciento (20 %).

La Administración Federal de Ingresos Públicos actualizará trimestralmente, a partir del mes de abril del año 2020, los importes consignados en los párrafos que anteceden considerando la variación del índice de precios internos al por mayor (IPIM), respectivo a cada rubro en particular, que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice. Los montos actualizados surtirán efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el primer día del segundo mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúe la actualización, inclusive.”

 

Art. 50 – Las disposiciones del artículo precedente surtirán efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la publicación de la presente ley.

 

TÍTULO V Derechos de exportación

 

Art. 51 – Establécese que, en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el treinta y tres por ciento (33 %) del valor imponible o del precio oficial FOB. Se prohíbe que la alícuota de los derechos de exportación supere el treinta y tres por ciento (33 %) del valor imponible o del precio oficial FOB para las habas (porotos) de soja. Se prohíbe superar el quince por ciento (15 %) para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenían una alícuota de cero por ciento (0 %) a esa fecha.
Se prohíbe superar el cinco por ciento (5 %) de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo nacional.
Las alícuotas de los derechos de exportación para bienes industriales y para servicios no podrán superar el cinco por ciento (5 %) del valor imponible o del precio oficial FOB.
Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el ocho por ciento (8 %) del valor imponible o del precio oficial FOB  en ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor de boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.
Los derechos de exportación se reducirán para bienes cuya producción implique un mayor agregado de valor a partir de los insumos utilizados y el Poder Ejecutivo nacional desarrollará políticas de estímulo para los productores.
El sesenta y siete por ciento (67 %) del valor incremental de los derechos de exportación previstos en esta ley, será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y a las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
El tres por ciento (3 %) se destinará a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos. Este fondo será administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Exceptúase del pago de los derechos que gravan la exportación para consumo a las empresas del Estado regidas por la ley 13.653 y las sociedades del Estado regidas por la ley 20.705 que tengan por objeto desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación. El Poder Ejecutivo nacional podrá utilizar la facultad prevista en el artículo 755, apartado b), de la ley 22.415 (Código Aduanero) respecto de entidades estatales o con participación estatal que tengan como finalidad principal desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación. El Poder Ejecutivo nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2021.

 

Art. 52:- El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estimulo tendiente a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación y establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización. Las modificaciones de las alícuotas en el marco de las facultades acordadas en el presente artículo deberán ser informadas por el poder ejecutivo nacional ante una comisión integrada por miembros del poder legislativo, del consejo federal agropecuario y representantes de las entidades y organizaciones representativas del sector agropecuario para que se expidan al respecto. Las alícuotas que sean aumentadas en el marco de las facultades acordadas en el marco del presente artículo no serán aplicadas a los distritos que sean declarados en emergencia agropecuaria de conformidad con la ley 26509 Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de emergencias y desastres agropecuarios.

 

Art. 53 – Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, mantendrán su validez y vigencia los decretos 1.126 del 29 de diciembre de 2017 y sus modificatorias, 486 del 24 de mayo de 2018 y sus modificaciones, 487 del 24 de mayo de 2018 y sus modificaciones, 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones y el decreto 37 del 14 de diciembre de 2019.

 

 

TÍTULO VI Haberes previsionales. Aumentos salariales

 

(*) ATENCIÓN RENUMERACIÓN!!

 

Art. 51. – A los fines de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos, suspéndese, por el plazo de ciento ochenta (180) días, la APLICACION del artículo 32 de la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, durante el plazo previsto en el párrafo anterior el Poder Ejecutivo nacional deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la ley 24 241 atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. el poder ejecutivo nacional convocara a una comisión integrada por representantes de los ministerios de economía y de trabajo, empleo y seguridad social y miembros de las comisiones competentes en la materia del congreso de la nación que durante el plazo previsto en el primer párrafo proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la nación de acuerdo con los principio de solidaridad y redistribución.

 

Art. 52. – Durante el plazo previsto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo nacional deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos.

El Poder Ejecutivo nacional convocará una comisión integrada por representantes de los ministerios de economía y de trabajo, empleo y seguridad social y miembros de las comisiones competentes en la materia del congreso de la nación para que el plazo de 180 días revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al congreso de la nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales previstos en el artículo 2 del decreto 137/2005, el artículo 1 inciso b y c de la ley 26508, el artículo 1 del decreto 1199/2004 en el marco de las resoluciones MTE y SS n° 268/2009, 824/2009 y 170/2010 y resolución número 9/2010. la ley 26913 según dto. 1058/2014, el artículo 3 de la ley 27452 el art 5.2 y 14 de la ley 27260 texto según ley 27467 el artículo 2 de la ley 23848, el artículo 3 de la ley 27329, el artículo 7 de la ley 22929 conforme al decreto 160/2005, el artículo 27 de la ley 24018, el artículo 6 de la ley 22731, los artículos 75 y 94 y concordantes de la ley 19101, de los artículos 5 a 10 de la ley 13018 y 107 y siguientes de la ley 20416 y de los artículos 4 a 6 y 13 de la ley 23794 y de toda otra norma análoga que corresponda a un régimen especial contributivo o no contributivo de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

 

Art. 53.– Sustitúyese el inciso a) del artículo 74 de la ley 24.241, por el siguiente:

“a) Operaciones de crédito público de las que resulte deudor el Estado nacional a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, ya sean títulos públicos, letras del Tesoro o préstamos hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los activos totales del fondo. Podrá aumentarse al ciento por ciento (100 %) neto de los topes previstos en el presente artículo, en la medida que el excedente cuente con recursos afectados específicamente a su cumplimiento o con garantías reales u otorgadas por organismos o entidades internacionales de los que la Nación sea parte. Quedan excluidas del tope establecido en el presente inciso, las tenencias de títulos representativos de la deuda pública del Estado nacional que fueron recibidos en canje por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones en el marco de la reestructuración de la deuda pública en los términos de los artículos 65 de la ley 24.156 y sus modificatorias, y 62 de la ley 25.827 y su modificatoria, independientemente de que no cuenten con las garantías allí contempladas.

Transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2023, podrá mantenerse hasta el setenta por ciento (70 %) de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino en títulos públicos, cuenten o no con garantías, debiendo, al cabo de ese período, regularizar la tenencia de estos activos, a los límites establecidos en el párrafo precedente.
Exceptúase de los alcances del decreto DNU 668/2019 al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino.”

 

Art. 54 – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a:

  1. a) Disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos;
  2. b) Eximir temporalmente de la obligación del pago de aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino creado por ley 26.425 sobre los incrementos salariales que resulten de la facultad reconocida en el inciso anterior o de la negociación colectiva;
  3. c) Efectuar reducciones de aportes patronales y/o de contribuciones personales al Sistema Integrado Previsional Argentino creado por ley 26.425 limitadas a jurisdicciones y actividades específicas o en situaciones críticas.

 

 

 

TULO VII Sociedades. Capital social

 

Art. 55. – Suspéndese, hasta la finalización del plazo establecido en el artículo 1° de la presente Ley, la aplicación del inciso 5 del artículo 94 y del artículo 206 de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984.

 

TÍTULO VIII Créditos UVA

 

Art. 56.– El Banco Central de la República Argentina realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas, y los sistemas de planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor.

 

TÍTULO IX Reservas de libre disponibilidad

 

Art. 57. – Autorízase al gobierno nacional a emitir letras denominadas en dólares estadounidenses (u$s) por un monto de hasta dólares cuatro mil quinientos setenta y un millones (u$s 4.571.000.000), a diez (10) años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual. Los intereses se cancelarán semestralmente.

 

Art. 58. – Autorízase al gobierno nacional a adquirir divisas en el Banco Central de la República Argentina con las letras del artículo 57 por igual cantidad a las nominalmente expresadas en las mismas.

Estas letras, así como también las tenencias vigentes de letras intransferibles en poder del Banco Central de la República Argentina, deberán registrarse en sus estados contables a valor técnico.

 

Art. 59. – Los dólares autorizados a adquirir mediante esta norma solo podrán aplicarse al pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera

 

TÍTULO X Emergencia sanitaria

 

Art. 60. – En el marco de la emergencia sanitaria declarada en el artículo 1° de la presente ley, mantiénese la prioridad prevista para los programas del Ministerio de Salud establecidos por el artículo 1° del decreto 450 del 7 de marzo de 2002, sustituido por el decreto 1.053 del 19 de junio de 2002 o los que los reemplacen para el Ejercicio 2020: Programa 17 – Subprograma 1 – Plan Nacional a Favor de la Madre y el Niño, en la parte correspondiente al inciso 5 – Transferencias, y los programas 22 – Lucha contra el VIH; 24 – Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Conductas Adictivas y 30 – Emergencias Sanitarias, en las mismas condiciones y con los mismos alcances, y asígnase prioridad al Programa 20 – Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Programa 29 – Cobertura Universal de Salud – Medicamentos, Programa 45 – Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, o los que los reemplacen, en lo que corresponde al inciso 2 – Bienes de Consumo.

Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a atender como prioridad la asignación de recursos al sector salud en tiempo oportuno y legal forma, a fin de garantizar la eficacia y efectividad de las prestaciones médico-asistenciales que se encuentran bajo su responsabilidad.

 

Art. 61. – El Ministerio de Salud instrumentará las políticas referidas a la emergencia sanitaria declarada por el artículo 1° de la presente ley y dictará las normas aclaratorias y complementarias pertinentes.

 

Art. 62.– El Ministerio de Salud promoverá la descentralización progresiva hacia las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las funciones, atribuciones y facultades emanadas de la presente ley que correspondieren, mediante la celebración de los convenios respectivos.

 

Art. 63.– Instrúyese al ministro de Salud a conformar y convocar al Consejo Nacional Consultivo de Salud creado por el decreto 2.724 del 31 de diciembre de 2002, con el propósito de proponer alternativas para la identificación, formulación, aplicación y evaluación de las acciones destinadas a paliar las necesidades básicas de la atención de la salud, así como para alcanzar los consensos sectoriales necesarios para la instrumentación de las políticas sanitarias que promuevan la equidad, el acceso y la calidad en la atención de la salud de la población con base en la estrategia de atención primaria de la salud para todos los argentinos.

Art. 64. – Instrúyese al Ministerio de Salud a que en el ámbito del Consejo Federal de Salud se acuerde un plan federal de salud que promueva la equidad, el acceso y la calidad en la atención de la salud de la población y la integración de los subsistemas, teniendo en consideración los consensos sectoriales mencionados en el artículo anterior.

 

Art. 65. – Créase una comisión interministerial integrada por representantes de los ministerios de Salud, de Economía y de Desarrollo Productivo, del instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados y la Administración Federal de Ingresos Públicos, la que tendrá como misión analizar el impacto de la carga impositiva y tributaria sectorial con el objeto de favorecer el acceso a los bienes y servicios de salud.

 

Art. 66. – Facúltase al Ministerio de Salud para establecer un mecanismo de monitoreo de precios de medicamentos e insumos del sector salud y de alternativas de importación directa y licencias compulsivas u obligatorias, frente a posibles problemas de disponibilidad o alzas injustificadas o irrazonables que afecten el acceso de la población a los mismos de manera que puedan poner en riesgo su salud.

Asimismo, facúltase al Ministerio de Salud para dictar las normas complementarias tendientes a implementar:

  1. a) Listado de medicamentos e insumos a ser adquiridos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y por la Superintendencia de Servicios de Salud.
  2. b) Precios de referencia de insumos y medicamentos esenciales por banda terapéutica,
  3. c) Controles y dispositivos que promuevan la plena vigencia de la ley 25.649 de Especialidades Medicinales-Medicamentos Genéricos, con particular referencia a la prescripción y sustitución en la dispensación.

 

Art. 67.– El Ministerio de Salud, para las contrataciones que realice en el marco de la emergencia sanitaria, podrá optar, además de los medios vigentes de compra y sin perjuicio de la intervención que le compete a la Sindicatura General de la Nación, por alguna de las siguientes modalidades:

  1. a) Los mecanismos previstos en el artículo 25, inciso d), apartado 5 del decreto 1.023/01, independientemente del monto de la contratación, dándose por acreditada la grave y notoria crisis por la cual atraviesa el sistema de salud argentino;
  2. b) La utilización de los recursos del Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud y cualquier otro procedimiento de adquisiciones que dichas entidades pongan a disposición de sus miembros;
  3. c) Otros medios que ofrezcan alternativas a través de organismos internacionales, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales u otros países.

 

A fin de garantizar la transparencia en las contrataciones previstas en el inciso a), se deberá invitar a la mayor cantidad de potenciales oferentes, de acuerdo a los registros actualizados existentes en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica (ANMAT). Asimismo, se deberá prever la difusión a través de la página de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones.

 

E n los casos en que se contrate a través del Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, se aceptarán los mecanismos de contratación previstos por ambas organizaciones, autorizándose al Ministerio de Salud a emitir las respectivas órdenes de pago a favor de dichos fondos, aun sin haberse cumplido la recepción parcial definitiva de los medicamentos o insumos adquiridos. Ello sin perjuicio de la aplicación de los mecanismos de contralor vigentes.

 

Art. 68. – Podrán afectarse, además, a los programas y planes derivados de la emergencia sanitaria, con los destinos que específicamente determine el Ministerio de Salud:

  1. a) Los fideicomisos, subsidios, subvenciones, legados y donaciones y todo otro recurso que reciba el Poder Ejecutivo nacional a través de sus distintas jurisdicciones, vinculados con la emergencia sanitaria;
  2. b) Las reasignaciones de créditos o préstamos internacionales que administra el Ministerio de Salud o los que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de la presente emergencia sanitaria, previa conformidad de la contraparte otorgante del préstamo;
  3. c) Los nuevos préstamos que se gestionen y obtengan en ocasión y con motivo de la emergencia sanitaria

 

Art. 69. – Exímese del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, así como también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud y/o el Fondo Rotatorio de OPS destinados a asegurar las coberturas de vacunas previstas en el artículo 7° de la ley 27.491.

 

Art. 70. – Exímese del pago correspondiente al impuesto al valor agregado que grava la importación para consumo de las mercaderías aludidas en el artículo anterior.

 

Art. 71. – Las exenciones establecidas en los artículos 69 y 70 serán de carácter transitorio y se aplicarán tanto a las importaciones perfeccionadas durante la emergencia sanitaria nacional, conforme lo establezca la reglamentación, como a las mercaderías que, a la fecha de emisión de la presente ley, se encuentren en territorio aduanero pendientes de nacionalizar.

 

Art. 72. – Restablécese el desarrollo del objetivo de universalizar el acceso de medicamentos esenciales a través del Programa Nacional “Remediar”, destinado a garantizar la provisión de insumos y medicamentos críticos a través de centros de atención de la salud provinciales o gubernamentales.

 

Art. 73. – El Ministerio de Salud fijará, a través de las normas que dicte al respecto, las condiciones de acceso a los medicamentos, insumos y/o recursos asignados al programa nacional a que se refiere el artículo precedente.

 

Art. 74. – Déjanse sin efecto las restricciones que limitan la libertad de contratación a las entidades comprendidas por los artículos 5° y 7° del decreto 9 del 7 de enero de 1993, y los incisos I), II) y III) del artículo 27 del anexo II del decreto 576 del 1° de abril de 1993.

 

Art. 75. – Suspéndense hasta el 31 de diciembre de 2020 las ejecuciones forzadas de los créditos que el Estado nacional, sus entes centralizados o descentralizados o autárquicos, las empresas estatales o mixtas, cualquier entidad en la que el Estado nacional tenga el control del capital o de la toma de decisiones y los entes públicos no estatales, posean contra los prestadores médico asistenciales públicos o privados de internación, de diagnóstico y tratamiento, que cuenten con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicios de Salud, así como contra los establecimientos geriátricos y de rehabilitación prestadores del sistema nacional del seguro de salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Inclúyese dentro de la suspensión prevista, la traba de las medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas dictadas contra los agentes del sistema nacional del seguro de salud incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Las sentencias que se dicten dentro del plazo establecido en el artículo 1° de la presente ley no podrán ejecutarse hasta su expiración, en tanto importen desapoderamiento de los bienes afectados al giro de la actividad que desempeña y/o traba al normal desempeño de su funcionamiento.

 

Art. 76. – Instrúyese a la Administración Federal de Ingresos Públicos a que dentro del plazo indicado en el artículo anterior establezca, en los términos del artículo 32 de la ley 11.683, t. o. 1998 y sus modificaciones, prórrogas y planes especiales de facilidades de pago de los tributos, sus intereses y multas, adeudados por los sujetos indicados en dicho artículo, teniendo especialmente en cuenta al momento de fijar los plazos a acordar así como el interés de financiamiento, la situación de emergencia sanitaria y económica. A tales fines los sujetos que pretendan acogerse a estos beneficios deberán contar con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicios de Salud dependiente del Ministerio de Salud.

 

Art. 77. – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud una comisión asesora, la que será presidida por el titular de esa cartera e integrada además por un (1) representante de los siguientes organismos: Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Superintendencia de Servicios de Salud, obras sociales provinciales, los representantes de los agentes del Seguro de Salud y los prestadores que determine el Consejo Nacional Consultivo de Salud.

Dicha comisión deberá relevar la situación de endeudamiento sectorial público y privado, con énfasis en el ámbito prestacional, y las alternativas para la regularización de las acreencias de los prestadores del sistema nacional del seguro de salud, a excepción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, previo a que expire el plazo establecido en el artículo 75.

 

Art. 78. – Suspéndense hasta el 31 de diciembre de 2020 las ejecuciones forzadas de los créditos que la Administración Federal de Ingresos Públicos posea contra los prestadores médico-asistenciales en internación, de diagnóstico y tratamiento, en ambos casos públicos o privados.

A tales fines los sujetos que pretendan acogerse a estos beneficios deberán contar con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicios de Salud.

Quedan comprendidos en el alcance de la presente norma los establecimientos geriátricos prestadores del Sistema Nacional del Seguro de Salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

 

Art. 79. – Establécese que la tasa de justicia para los acuerdos concursales, judiciales o extrajudiciales homologados en los términos de las leyes 24.522, 25.561, 25.563, 25.589 y sus prórrogas será calculada sobre el monto definitivo de los mismos, hasta el 0,75 % y 0,25 % respectivamente, cuando se trate de agentes del Seguro Nacional de Salud.

 

Art. 80. – Suspéndense por el lapso que dure la emergencia sanitaria las previsiones de los decretos 446/00, 1140/00 y 1305/00 en todo aquello que se opongan a la presente ley.

 

Art. 81. – Prorrógase lo dispuesto por el decreto 486/02, sus disposiciones complementarias y modificatorias, con excepción de las que se opongan a la presente.

 

TITULO XI – Modificación temporaria a la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional

Art. 82. – Durante el período de vigencia de la presente ley, y dada la excepcionalidad de la coyuntura económica, se restablecerán los límites para realizar reestructuraciones presupuestarias, dispuestos originalmente para el ejercicio 2017 mediante el artículo 1° de la ley 27.342, modificatoria del artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional.

 

Art. 83. – La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

 

Art. 84. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

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Acerca de Ignacio Zuleta (797 Artículos)
Periodista y consultor político. Autor del libro “Macri Confidencial: pactos, planes y amenazas” (Bs. As.: Ed. Planeta, 2016). Columnista de Política Nacional del diario Clarín. 1: Columna Entretelas de la Política, que se edita todos los domingos en el Suplemento Economía. 2: Columna Avant Première, que se edita los días lunes en la sección Política (https://www.clarin.com/autor/ignacio_zuleta.html) Editor responsable del sitio www.zuletasintecho.com. Colabora en revistas del extranjero sobre temas políticos y es columnista invitado en medios de la Argentina. Como periodista y analista ha dictado conferencias en varios países. También ha realizado coberturas internacionales en sesiones de las Naciones Unidas, países de Medio Oriente, América Latina, la crisis política en Italia, los acuerdos Malvinas entre Gran Bretaña y la Argentina, elecciones en España, México, Estados Unidos, Uruguay, Chile, México y otros países, varias sesiones del World Economic Forum (Davos, Suiza) y numerosos viajes presidenciales de mandatarios argentinos y de otros países. También ha participado de reuniones científicas y profesionales como la que organiza la Global Editors Network. Ha sido Secretario de Redacción del Diario Ámbito Financiero, Editor político de mismo diario. Durante 7 años fue además responsable de la sección “Charlas de quincho”. Fue director responsable del diario “La Mañana del Sur”, Neuquén. También fue columnista del diario La Capital (Mar del Plata). En medios radiales, tuvo actuación a cargo de programas en FM la Isla y Radio el Mundo de Buenos Aires. Conductor durante 5 años del programa de debate político “Contrastes” (Canal Metro de TV). Es doctor en Filosofía y Letras (Universidad Complutense de Madrid, España) Graduado del programa Publishing on the Web de Stanford University, Graduate College, Palo Alto, California. Es miembro del Consejo Consultivo del CARI (Consejo Argentino de Relaciones Internacionales). Es profesor de la Maestría en Magistratura y Gestión Judicial (Conadu) que organizan la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Mendoza en el módulo “Prensa y Justicia”. Es crítico literario, autor de “La Polémica Modernista” (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1989, en curso de reedición) y de la edición crítica de “Prosas Profanas y Otros Poemas” de Rubén Darío (Madrid: Ed. Castalia, 2015). Es el editor de un volumen de las Poesías Completas de Rubén Darío para la editorial Castalia de Barcelona, España (2016). Es Miembro del Consejo Asesor del proyecto de Archivo Dariano y Obras Completas de Rubén Darío. Universidad de Tres de Febrero (2016). También es autor de trabajos de investigación publicados en órganos científicos de Estados Unidos, España y la Argentina. Recibió un premio Nacional de Literatura en la Argentina, el premio Pedro Salinas en Puerto Rico, el premio de Cultura Hispánica en Madrid (España) y el premio Alfonsina en la ciudad de Mar del Plata. Fue destacado en 2017 como uno de los cinco periodistas de la última década en la especialidad “Análisis Político” por el Jurado de los premios de la Fundación Konex Ha sido profesor titular ordinario en el Departamento de Letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata de las cátedras de Literatura Hispanoamericana y de Literatura Española. También Decano de la Facultad de Humanidades de la UNMdP durante un mandato de tres años. Fue profesor de Literatura Española, Literatura Argentina e Hispanoamericana y de Introducción a la Literatura en la Universidad Nacional de la Patagonia. Santa Cruz, Argentina. Ha dictado cursos y conferencias sobre crítica literaria en universidades de Estados Unidos, México, Colombia, España y otros países. También ha dictado cursos y conferencias en facultades de periodismo de todo el país. ignacio@zuleta.org @izuleta www.zuletasintecho.com
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