El debut de la bicameral para el control de los fiscales fue otra muestra del sendero alternativo, el que tramita decisiones por vía oblicua, por las dificultades de número que impiden al oficialismo hacerlas avanzar. Ahora se trata de hacer saltar al actual procurador interino – ante la falta de votos para designar el nuevo titular-, empujarlo a la jubilación y poner en su lugar a un cristinista leal al Instituto Patria. Se trata del procurador Eduardo Casal. En una operación clásica de empapelamiento, la comisión recibió varios pedidos de investigación sobre su conducta y sus gastos, que el oficialismo aprobó. Por ejemplo, citará a una serie de organizaciones que reclaman directamente el enjuiciamiento político de Casal. Lo acusan de haber creado una unidad fiscal de investigación del terrorismo internacional -que, en realidad, no ha sido operativa ni ha tenido actuación judicial. Una manera de intimidarlo a Casal para que deje abierta la vacante del procurador adjunto a cargo de la oficina, y le dé la oportunidad al peronismo de designarle un reemplazante interno sin necesidad de los 2/3 de los votos. Le siguen en antigüedad Laura Monti y Víctor Abramovich, fiscal ante la Corte, con actividad previa en el ámbito privado nada menos que en el CELS, usina de la justicia que se dice auténtica. Casal tiene prestigio entre su gente como funcionario de carrera en el ministerio público, y puede ser objeto de una pelea del gobierno con organizaciones sindicales del ministerio público. Este año Casal cumple 60, o sea que está en condiciones de jubilarse. Y este empujón es parte de la operación de sacarlo por jubilación. Un expediente que se disparó con la reforma de las jubilaciones de los magistrados, que ha mandado a su casa a casi 100 funcionarios. Cambiemos prefirió, cuando gobernaba, que siguiese él en el cargo que dejó Alejandra Gils Carbó, y no negoció su reemplazo por Inés Weinberg de Roca, candidata de la presidencia Macri. No le hubiera costado mucho acordar con el bloque peronista de Miguel Pichetto, que pedía que ese nombramiento fuera parte de un loteo con otros cargos – sillas en el Banco Central, Defensor General de la Nación, etc. Ahora el bloque de Juntos por el Cambio rechazó esta asonada que empujaron cristinistas de paladar negro como el senador Martín Doñate, presidente de la comisión, o María de los Ángeles Sacnun. Pidieron se le revisen los gastos de 2018 y 2019, a cargo de la oficina de Casal, a través de la Auditoría General de la Nación (adonde debuta Pichetto el martes próximo, día de la demorada jura). Si les sale, se arrepentirán algunos críticos de Daniel Rafecas. La traba que le pone la oposición a los 2/3 del peronismo en la cámara, y las dificultades para el quórum en Diputados, han empastado iniciativas como la designación del nuevo procurador, la creación de la comisión investigadora de Vicentin o el traslado de jurisdicción del sistema de pinchaduras legales (y de las otras). La comisión puso en marcha un plan B para avanzar en el control del sistema de fiscales, que será central en el futuro, por el cambio del sistema procesal penal. Esta reforma, que ya está en marcha, le traslada la instrucción de la causa de ese fuero a los fiscales y se la saca a los jueces. Ese cambio le da un gran poder al procurador general, que queda revestido de una gravitación como la que tiene en los Estados Unidos o en México. En esos países, el procurador es directamente el ministro de Justicia. Si no hay 2/3 para poner al nuevo funcionario, ante una renuncia de Casal, no hacen falta esas mayorías para poner en su lugar un jefe de fiscales interino amigo.
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