La presión de cada día diluye la intención del gobierno de imponer un cronograma incumplible – pacto para el 25 de mayo, dictamen para la ley cabify para el 17, recinto el 24 para aprobarla, etc. En el WhatsApp donde discuten sus cuitas los diputados de los bloques amigables se preguntaron durante todo el fin de semana si el plan se cumpliría. Esos bloques han pacificado su relación con el gobierno, porque sus funcionarios han aceptado sin muchas condiciones todas las demandas que les hicieron. Y lo que era inviable, directamente se cayó. Quedan detalles menores que no van a impedir la aprobación. No saben aún qué comisiones actuarán, o si será en el mismo Plenario de Presupuesto, Constitucionales y Legislación que atendió la Ley Ómnibus. Es el retablo donde yace la Ley Ómnibus a la espera de ejercicios de resucitación. Hay dos cables sueltos. Uno es el artículo 5 del proyecto que reclama delegación de facultades al Ejecutivo para administrar los fondos fiduciarios. El bloque de Hacemos – que actúa como eje en el recinto, porque puede volcar votaciones hacia uno u otro lado – quiere su derogación por ley, con coparticipación de los fondos liberados. El fin de semana se cruzaron mensajes con el gobierno para evitar que se tropiece con la misma piedra que volteó la Ley Ómnibus en febrero pasado.
Fondos que dan superpoderes
Con esa facilidad para la demonización que tiene el gobierno, calificó a los fideicomisos como las cajas negras de la política. Son 29 y manejan fondos equivalentes a un 1% del PBI, $ 1.742.078 millones (datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso a diciembre de 2023). La existencia de las fiducias se remonta al gobierno de Carlos Menem, ha sido un sistema que confía fondos públicos sujetos a normas y restricciones, y pasa a ser un sistema que tiene la liberalidad de una empresa privada. Da poder a quien lo maneja y le permite salirse de las normas contables propias de la administración pública. También permite que quien manda en ese fondo tenga asegurados los fondos a lo largo del tiempo, y que estén protegidos de los cambios de gobierno. También puede darles a los administradores de la fiducia un margen discrecional para decir qué se contrata, con quién, y cómo y cuándo se le paga. La sal de la tierra. Dicho en otras palabras, es una herramienta de gobierno que le da más poder a un funcionario que administra un fondo que el que puede tener un ministro, cautivo de la Ley de Administración Financiera y del Presupuesto Anual. Nada dice que sean una peste, aunque pueden ser nidos de corrupción, o no, como otros sistemas. Según el ponente de la iniciativa de Hacemos, el diputado Nicolás Massot, si el gobierno quiere ponerle transparencia a los fondos fiduciarios, tiene la oportunidad de revisar los que administra el Banco Nación y el BICE. No necesita apoderarse de su manejo para revisar si son cajas negras o cajas blancas. La salida hacia adelante de Hacemos busca mejorar la situación de las provincias, castigadas por el unitarismo fiscal del gobierno.
Pa’que rabien los macristas
El otro cable suelto es la reforma laboral. El gobierno la entregó a los radicales, que presentaron un proyecto que comprende varias iniciativas. Les gusta a los gremialistas, según palabras de Héctor Daer cuando se lo explicaron en Casa de Gobierno la semana pasada. Dijo que es mejor que el proyecto del PRO. Este entendimiento novedoso del gobierno con los radicales irrita al macrismo. Macri sostiene que su gobierno fracasó porque la UCR, socia de Juntos por el Cambio, le frenó las reformas que quería hacer. Es otra toma de distancia del mileísmo, que va por el electorado del PRO sin reparar en otros daños. Aprovecha internas ajenas, como la que libra el jefe del bloque de diputados, De Loredo, con otros dirigentes de Córdoba, como Luis Juez. Embalado por Macri, este dirigente sostiene la necesidad de que el partido apoye al gobierno en su programa. Eso ha dividido al bloque, que ha discutido el nombre de su candidato para ocupar una silla en la Auditoría General de La Nación. Para poder hacerlo, necesita que el oficialismo resigne la propia, ya anunciada para el abogado Santiago Viola. La tensión con el macrismo tiene el mismo motivo: la intención de Macri de que el PRO tenga un auditor. Hay tres vacantes y la tercera queda para el peronismo. Si hubo plan canje, el radicalismo se pone el casco para pelear por la reforma laboral, a cambio de que Olivos arbitre en la interna cordobesa entre De Loredo y Juez. Por eso pide patear este penal.
((De la columna «El silencio de Macri y Larreta, todos miran a la Corte y peleas por una comisión clave», Avant Premiere, en Clarín de hoy – https://www.clarin.com/politica/silencio-macri-larreta-miran-corte-peleas-comision-clave_0_MmMC8xOTNa.html)