Al final, este gobierno que quería desregularlo todo, parece terminar regulando al deep state – es como llaman en los EE.UU. a lo que acá «la casta» – que inspira y controla su gestión. Me detengo en este artículo de la reglamentación de la ley de derecho de acceso a la información pública (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/313139/20240902.
“ARTÍCULO 3°. – Alcance de las definiciones. (…):
Las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”.
¿Cómo no van a ser públicas las deliberaciones y exámenes preliminares de un asunto? Las consultas off the record con fuentes de funcionarios se justifican por la necesidad de tener acceso a esa etapa de la deliberación previa, para informar y que el público participe del debate. Poner los cabildeos previos en una zona opaca es una decisión deliberada de quitarle transparencia a la gestión.
Todo lo que hace un funcionario y que tenga interés público, es público, no una parte de lo que hace. ¿Quién duda de que si un funcionario arregla una coima – ni Dios permita – lo va a hacer en ese lapso opaco de “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto”?
Esta veda al conocimiento por parte del público del tramo más importante de las decisiones de un gobierno es un signo de autoritarismo protectivo que responde al estilo del actual gobierno. Pero es más importante porque dificulta el conocimiento de cómo este gobierno recibió y recibe proyectos de estudios jurídicos privados y de empresas redactados como borradores de leyes, DNUs, bocetos de sentencias judiciales y hasta de una presunta acordada de la Suprema Corte.
Esa reglamentación del art 3° de la norma también hace más difícil el conocimiento, hoy y en el futuro, de las relaciones del gobierno con sus aliados en el oficialismo y en la oposición para administrar con un programa que no le pertenece y que ejecutan funcionarios de partidos que el público votó en 2023 para ser oposición y no oficialismo. Ese tema es central para conocer a fondo las disfuncionalidades del transfuguismo electoral del cual se nutre el actual gobierno, entorpece la solución de los problemas, fomenta acuerdos oscuros e inconfesables y debilita la solidez del sistema político, que es uno de los activos más valiosos de la vida pública argentina. Esa solidez del sistema permitió la alternancia pacífica por la que llegó a la presidencia Javier Milei, el cuarto presidente de minorías en lo que va del siglo XXI.
Este exceso de protección se aparta de la sensatez del dictamen del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, de julio pasado, en donde establece límites razonables al derecho a la información pública cuando se busca conocer detalles personales de los funcionarios que, ante la duda, es mejor proteger como espacio de intimidad. El Dictamen Jurídico de Barra Dictamen Jurídico Número F-2024-77387127-APN-PTN del 23 de julio se refiere con precisión a la demanda de quienes piden datos sobre sobre las mascotas que habitan en la residencia presidencial, «tales como, la cantidad, raza, nombre, edad, marca y tipo del alimento que consumen, elementos destinados al cuidado y manutención, incluido su embellecimiento».
Este velo protector alimenta la fantasía de quienes creen que existe la «casta» (un galicismo inventado en Italia y España por las izquierdas antisistema), un gobierno paralelo, el deep state, que enlaza intereses de los poderosos y que conduce la agenda pública como una mano invisible. En los EE.UU. es un tópico del populismo de derecha. Donald Trump denunció que el atentado que sufrió durante la campaña había sido urdido por el deep state que lo maneja todo. Los autoritarios, como estableció Hannah Arendt creen con fanatismo en las teorías conspirativas. Este es un gobierno autoritario, pero que se le ocurra reglamentar el deep state, en donde muchos le atribuyen tener su terminal al propio Milei – candidato de los empresarios – alimenta más la extravagancia y el histrionismo.
El caso del monotributista Santiago Caputo, erigido por el propio gobierno, como el hombre fuertes de todas las decisiones, sin la responsabilidad del control del Estado y sin firma, para liberarlo de responsabilidades. es otra disfuncionalidad cuya investigación queda entorpecida.
Las disfuncionalidades estallan y generan simulaciones. La principal, que las personas que toman las decisiones son la hermana del presidente y Santiago C. – fantasía que este cronista pone en duda, pero lo consiente el propio presidente cuando le preguntan sobre sus rasputines. En cualquier momento, como en las películas, van a ser perseguidos por un crimen que no cometieron. Atribuirle superpoderes informales a dos indocumentados es un recurso formidable para embozar a quienes toman las medidas y escapar a las responsabilidades y lawfares a que está expuesto todo decisor oficial. Su rol les mitiga la exposición formal, porque les atribuyen decisiones que no toman. Son la versión tecnopopulista de los bufones que tenía en el siglo XIX Juan Manuel de Rosas – Biguá, Don Eusebio de la Santa Federación-. Carlos Menem lo tenía al tenía al Soldado Chamamé.
No ha sido desmentido que los proyectos más importantes del gobierno fueron elaborados por estudios jurídicos privados. Tampoco que el DNU 70 fue elaborado por un economista – que asumió un ministerio hace unos pocos días- cuando era un ciudadano común.
Otros gobiernos han confiado las decisiones a allegados que ejercían asesorías que daban órdenes a los ministros, que arriesgaban el pellejo con la firma. Bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González era presidenta honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. Conducía la política social que ejecutaba María Nélida «Chichi» Doga. Hugo Toledo era asesor presidencial «ad honorem» en Obras Públicas, sector en donde sugería decisiones que ejecutaban varios ministros que sí tenían firma responsable. Durante ese gobierno de Duhalde se renegociaron tarifas, obras públicas, concesiones como la de los Aeropuertos y se cerraron arbitrajes en negocios de Estado, y se firmó un pacto fiscal con las provincias que renovó el que regía hasta ese momento. ¿La firma de quienes los inspiraron y negociaron – seguramente librepensadores altruistas? Se la voy a deber.
Caputo El Joven es asesor presidencial fuera de convenio, tiene un contrato de prestación de servicios profesionales autónomos celebrado bajo el régimen del Decreto N° 1109/17 (Resolución 09593892/2024 de la Secretaría General de la Presidencia). Que le avisen porque baja todos los días del área presidencial a la jefatura de Gabinete con la minuta de instrucciones. ¿La firma? Se la voy a deber.
Néstor Kirchner en 2003 prohibió a los funcionarios que tuvieran contactos off the record con periodistas. «Que la prensa y el público se enteren por el boletín oficial», decía. Era la instrucción que transmitió al gabinete Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia de entonces.
En EEUU Hillary Clinton fue denunciada porque cuando era secretaria de Estado de Obama usaba una cuenta y un servidor personal para tener comunicaciones oficiales sobre las cuales debió informar porque eran públicas (el servidor lo tenía instalado en el sótano de su casa particular). La acusaron de «privatizar» su gestión y no informar tampoco de esos mensajes cuando dejó el cargo. usar el celular oficial para evitar que la controlase. Ese debate le hizo mucho daño a su candidatura.
Joe Biden y Donald Trump fueron denunciados por llevarse documentos oficiales (y secretos) a su casa cuando dejaron cargos ejecutivos. La justicia los sobreseyó, pero los amonestó severamente por haberlo hecho.
En la Argentina tuvimos un lío bárbaro con los puentes de Gualeguaychú porque Uruguay argumentó que un diplomático argentino le dijo, en un cóctel, a un colega de la Banda Oriental que la Argentina consentía la instalación de la pastera de Fray Bentos. Uruguay le tomó la palabra y no cumplió con los resguardos técnicos y diplomáticos que debía, argumentado esa anécdota, y emprendió la obra de Botnia. Hasta lo que se dice en los cócteles, si tiene interés público, debe ser considerado documentación pública y debe estar a disposición de quien quiera consultarlo.