El gobierno hizo esta tarde la primera inspección de la que se tenga memoria de las máquinas tragamonedas, que funcionan en el casino flotante de la Costanera Sur y en el Hipódromo de Palermo. Según los responsables, nunca se había hecho una inspección por parte de Lotería Nacional. El procedimiento adelanta la principal medida que tiene el gobierno en carpeta, que es transferir las actividades del juego de la Nación a la ciudad de Buenos Aires, una de medidas pendientes desde que la nueva Constitución determinase la autonomía del distrito federal en 1995.
Según los inspectores, se detectaron decenas de irregularidades en las máquinas, que obligaron a la suspensión del funcionamiento hasta que se terminen de hacer los sumarios respectivos y se determinen las responsabilidades de los actuales concesionarios. En el casino flotante fueron anuladas 88 máquinas que quedaron precintadas. En los salones del Hipódromo quedaron fuera de servicio 94 tragamonedas, que fueron precintadas con los stickers autoadhesivos que suelen usar los inspectores en la clausura de comercios.
Los encargados de las dos salas pidieron autorización para retirar las máquinas clausuradas, pero las autoridades de Lotería Nacional y del Instituto del Juego de la ciudad lo prohibieron. Los concesionarios buscaron, según las autoridades, retirarlas de la vista del público por una cuestión de imagen y no desalentar “el mercado lúdico” – es así como llama al juego el extravagante decreto de Néstor Kirchner de diciembre de 2007. Fue uno de los últimos que firmó, y que extendió licencias a cambio de que habilitasen más máquinas. (Francisco Manrique, creador de dos perversidades criollas, el PAMI y el Prode, le llamaba “impuesto al bobo”). Los inspectores frenaron el retiro de esas máquinas clausuradas, para producir lo que los concesionarios temen, que desaliente a los parroquianos y dejen el local.
Esta medida fue informada hace minutos al propio Mauricio Macri, que ha ordenado a las autoridades del juego que extremen las medidas para 1) desalentar la actividad en la ciudad, 2) que se les cobren los impuestos que adeudan los concesionarios. Esta batalla la libró su gobierno en la ciudad en el último año, cuando denunció los compromisos que había heredado su gestión, y que él había consentido. Por una sucesión de medidas cautelares, los concesionarios han logrado frenar hasta ahora el reclamo para el tributo a los Ingresos Brutos. Según las autoridades, esos amparos van a cesar en los próximos días, aunque es algo que esperaban para febrero pasado y aún no ha ocurrido.
Uno de los socios de las empresas concesionarias es el llamado grupo Zapla (funde todo lo que toca) de Cristóbal López, que ha sido intimado por la justicia a regularizar su situación impositiva en el negocio del petróleo. Eso le ha valido la intervención a sus empresas y embargos preventivos de sus cuentas. Según el gobierno hubo intentos de los concesionarios de buscar algún arreglo, pero recibieron un portazo. En noviembre pasado, Macri estuvo unos minutos con López, a quien le atribuyó manejar medios en contra de su candidatura presidencial en plena campaña, siguiendo la agenda de los adversarios de Cambiemos en la casa de Gobierno. Este año, el responsable legal de este asunto en el gobierno, Fabián Rodríguez Simón – que es asesor legal ad honorem de Lotería Nacional y del Instituto del Juego – se reunió con el empresario y escuchó sus argumentos en favor de algún acuerdo. El abogado le respondió “Todo sobre la mesa”, y le indicó que regularizase los pagos de impuestos adeudados. Si se proyecta la deuda estimada por Ingresos Brutos al momento del primer reclamo, el grupo, del cual Zapla forma parte, pero no domina toda la sociedad que representa en estas negociaciones, puede llegar a deber algo así como $ 8000 millones. Si las cautelares se levantan, esa suma se agregará a otro monto similar que la AFIP le reclama al grupo, por impuestos retenidos por la venta de combustibles.
En las próximas semanas el gobierno nacional hará pública la transferencia de la actividad del juego a la CABA. No habrá ley ni decreto; la Lotería Nacional comunicará a la ciudad que admite sus argumentos, que se plantearon hace años, de que la actividad del juego le pertenece al distrito federal. La Constitución local, como en otras provincias, dice que el juego es algo local. Pero desde el gobierno peronista de los años ’90, la Nación permitió la instalación de casinos en los barcos que flotan en aguas de jurisdicción nacional y en los terrenos del Hipódromo de Palermo, que quedaron fuera del traspaso original a la ciudad autónoma de bienes y funciones, por el recorte que hizo la llamada Ley Cafiero. Eso dejó a la administración de la ciudad sin control sobre estas actividades, y se conformó en las administraciones sucesivas con una parte de lo recaudado por la Nación.
Ahora, con el traspaso, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se dispone a aplicar la política de Macri de desalentar el juego, un concepto que creció en el espacio del oficialismo en la medida que aumentó la influencia de algunos aliados del Pro, como la Coalición Cívica de Elisa Carrió, y también de dirigentes macristas que se plegaron a esa condena de la actividad, como la vicepresidente Gabriela Michetti. El juego está en la mira, históricamente, del socialismo – que gravitó mucho en la redacción de la Constitución porteña de 1996 y su reglamentación. También de la Iglesia, y Jorge Bergoglio y el conjunto del episcopado han señalado al juego como una guarida de la ilegalidad y la corrupción. En la jerga política sea admite que la actividad es una de las fuentes renovables de financiamiento del Estado, a través del canon que pagan los privados. Quienes creen que “existe otro mundo – pero que es muy caro”, como decía el llorado José Lata Liste – juran que además es una fuente del financiamiento ilegal de la política. Tema para los buscadores de rutas del dinero, que parece discurrir por todos lados, pero ¡ay! nunca por acá.
NB: A la hora de publicación de esta información, no figura en ningún medio periodístico. Se ruega a los colegas que la repliquen que citen la fuente de esta primicia. Quien no lo haga, recibirá maldición eterna. Quien lo haga, gana derecho a participar del sorteo de los peluches Malcorra que quedaron sin uso después de la suspensión de la cumbre de Unasur, en donde iban a ser obsequiados a los compañeros cancilleres de otros países.