Los aliados del Pro en Cambiemos impusieron un proyecto de blanqueo que excluye a funcionarios, ex funcionarios hasta hace 5 años, legisladores y, si tienen suerte en tribunales, para los jueces. Con ese resultado el proyecto entró anoche a Diputados, después de dos reuniones discretísimas que ocurrieron en las últimas 48 horas en el vértice del poder, en las cuales el ala Pro resignó la idea de incluir con restricciones a funcionarios y ex funcionarios.
Los socios radicales y de la Coalición Cívica esgrimieron ante el propio Mauricio Macri sus argumentos de que si no se los excluía lisa y llanamente, el debate en la oposición y en la opinión pública desplazaría el eje de la iniciativa. Un proyecto que se planteó como una solución a un problema social de los jubilados podría poner al oficialismo a la defensiva, teniendo que explicar que no era una salidera para justificar evasores.
El énfasis de esos aliados de Cambiemos en la “ley chica” obedece a que se atribuyen la idea de avanzar en la regularización de las jubilaciones como una forma de mitigar el malestar social por lo que llaman el “bache” entre las medidas de ajuste del gobierno y las demandas del público, hasta que florezcan las medidas de recuperación de la economía que, coinciden todos, tardarán algo en llegar. Si el proyecto de los jubilados naufragaba por una desviación del debate sobre el blanqueo, sería un boomerang para el gobierno y, dentro de Cambiemos, una derrota de los aliados que, como la UCR, patrocinaron la “reparación”.
Este final era esperable porque desde el fin de semana los aliados de la UCR y de la Coalición, principalmente Elisa Carrió, ya había hecho público su rechazo a un proyecto sin recortes. Entre el viernes y el lunes, los caciques radicales cruzaron mail, guatsaps y texteos con Mauricio Macri y Marcos Peña, que resolvieron escuchar en persona los argumentos. Eso ocurrió en dos turnos. El lunes, a media tarde, se apersonaron en el despacho presidencial Mario Negri y Ernesto Sanz, a quienes esperaban Macri, Peña, Nicolás Massot, Mario Quintana y el responsable de la redacción final del proyecto, el abogado Fabián Rodríguez Simón. “- A ver, exponé”, bromeó Macri ante Negri, a quien venía de poner por las nubes – de contento – por su discurso de cierre de la sesión de la ley de despidos. “Va a pasar mucho tiempo hasta que aparezca alguien con tanto dominio legislativo y que dé discursos de cierre tan buenos como éste”, lo elogió en el helicóptero que los llevaba de la localidad de Luque a Jesús María” (Córdoba) el jueves. Pero agregó: “Lo único que le falta es tener un poco más de confianza en sus amigos y aliados”.
Con esa música entró Negri al despacho presidencial, adonde Peña había organizado esa reunión. El diputado desarrolló su argumento de que si no había recorte de funcionarios el proyecto se iba a dar vuelta en contra del gobierno. Después de Panamá Papers, dice esa posición, aunque en otros términos que no se pueden poner en boca de ninguno de los presentes – que ensucia al propio presidente, ¿qué vamos a decir si algún loquito dice que es un blanqueo para los amigos?”. “En la cátedra diez, pero en política cero”, bromeó un radical que incomodó a uno de los anfitriones.
Del otro lado de la mesa respondieron que sería prudente atender la situación de empresarios que nunca tuvieron cargos públicos y ahora los tienen, y que pudieron haberle escamoteado alguna moneda al fisco, como cualquier criollo digamos. En ese caso, dijo la mesa radical, que renuncien porque no pueden ser designados si han hecho eso. Acá hacemos política, ¿no?
Macri no tardó mucho en arbitrar a favor de los aliados. Entendió que si avanzaban sin recortes a la ley, los radicales y la Coalición no podían ni asegurarle el voto de los propios. ¿Para qué arriesgar, dijo uno, si los peronistas andan diciendo que van a votar a favor? ¿Saben, agregó, el plato que se hacen Massa y Bossio, que estuvieron en el Ansés y ven que tomamos medidas, digamos, peronistas, que Cristina no se animó? Van a volver a jugar a dos puntas, para que nos salga más caro, paguemos el costo político y se les acerque algún peronista que busca nuevo rumbo. Mirá si de gusto nos van a dejar que festejemos.
Era tan clarito que nadie se opuso y Macri pasó de tema: ¿va por Senado o Diputados? La Cámara Alta tiene la ventaja de que no hay kirchnerismo activo y que Pichetto ya dijo que apoya. Los radicales retrucaron que es mejor Diputados porque el debate ahí va a ser una prueba para la solidez del proyecto. A esa hora el recorte incluía sólo a funcionarios y ex funcionarios del Ejecutivo, pero los aliados dijeron que van a mocionar en la comisión que analizará mañana el proyecto que incluya a legisladores, ex legisladores y también a los jueces. ¿Jueces?, frunció el ceño. Si ni pagan ganancias. Respuesta: no van a decir nada porque, ¿qué juez se va a animar a presentarse a un blanqueo?
La mesa pasó a otros temas más críticos, como la ola de amparos que hay en todo el país para frenar el aumento de las tarifas. Es hoy una de las preocupaciones mayores del gobierno, que ya paga el costo de las subas y ahora tiene que pelearlo en los tribunales contra las cautelares. Con mayoría de abogados, la charla derivó a anécdotas del pasado sobre otros amparos que frenaron tarifas que aumentaron con renegociación, en los gobiernos de Menem y Duhalde.
Antes de levantarse, se miraron todos y uno le puso letra a lo que todos estaban pensando: ¿quién se lo dice a la doctora? De eso nos ocupamos nosotros, dijo uno de los dueños de casa. Hablaban de Elisa Carrió, sin cuya venia no avanza nada en el Congreso, que llegaba ayer de los Estados Unidos. A media tarde de ayer Quintana y Rodríguez Simón ingresaron a la sede del Instituto Hanna Arendt en la calle Arenales. Esa casa es el búnker de la jefa de la Coalición, y lo usa cuando es oportuno jugar de local. Les convenía a todos ese peregrinaje porque si Carrió entraba ayer a la casa de Gobierno y salía con el OK a los recortes, la noticia de hoy sería que Carrió lo doblegó a Macri. Esto no es cierto, pero es lindo de decir.
En esa reunión se aseguró Carrió de que sus criterios, hechos públicos por los medios y por un comunicado de la Coalición, quedaban reflejados en la letra del proyecto. Esta misión no sólo tiene color; también sustancia porque uno de los componentes de la alianza Macri-Carrió es la confianza mutua que se tienen la diputada con el abogado Rodríguez Simón. Se entienden como pocos en la alianza oficialista, compiten en dialéctica jurídica de alta gama, se consideran los dos – y así se califican a sí mismos – como expertos en casos conflictivos. Además, están teniendo los mismos adversarios internos; uno de ellos Daniel Angelici. Carrió lo tiene en penitencia porque lo acusa de operar en la justicia por las suyas. Rodríguez Simón es el comandante de la “task force” para combatir al juego, negocio en el que tiene intereses el presidente de Boca. Le hace picardía, pero a veces se sienta sobre el timbre, como hace unos días en una solicitada que se lo critica a Rodríguez Simón en su rol de martillo de bingueros. En el texto se lo llama “Pepino”, y todos saben que es el único que llama de esa manera a “Pepín” es Angelici.
Cuando caía la noche, el proyecto entró a Diputados. A esa misma hora terminaba la reunión del nuevo Consejo Nacional del PJ en la calle Matheu. Allí José Luis Gioja dio a entender que el peronismo del Congreso va a apoyar en general el proyecto, pero con una corrección: que no se afecte el Fondo de Sustentabilidad del Ansés, que es de donde saldrán los dineros para reintegrarles el total de la coparticipación de las provincias. Este punto puede complicar el trámite, porque los gobernadores esperan de ese monedero la devolución de la coparticipación. El tema quedó para resolver a Carlos Verna, gobernador de La Pampa, que de paso, se quedó en el reparto de ayer con la secretaría de Economía del partido. Réquiem para Kiciloff y Felletti.