La oposición mira estos resquebrajamientos entre el peronismo del interior – que gobierna grandes distritos en cantidad de votos como Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos – y el peronismo metropolitano que controla el gobierno nacional con Alberto, Cristina y Massa. No hay nada que pague, por ahora, correr el riesgo de la división. La variable de ese riesgo es la conducta de Cristina de Kirchner. La división del peronismo en la década 2009-2019 le costó una cadena de derrotas. El motivo fue el proyecto hegemónico del matrimonio Kirchner. El paso atrás de Cristina en la fórmula de 2019 fue el factor eficiente de la reunificación. En la medida que ella no avance con su agenda personal de autodefensa en causas judiciales, por sobre la agenda del resto del gobierno – que tiene una agenda ligada al interés público – continuarán unidos. Es una herida abierta hacia adentro del peronismo, que algunos voceros marginales le han puesto nombre: indulto presidencial a los exfuncionarios. El más conspicuo es Maximiliano Rusconi, que reclamó esa medida y azuzó a Alberto Fernández: ” ¿Vamos a soportar que haya presos políticos en la Argentina porque el presidente no quiere asumir costos políticos? Si Alberto no quiere asumir costos políticos, se hubiera quedado jugando al golf”.

Nostalgias imperiales

Algo parecido dijo el cura “Paco” Olveira, modelo del clericalismo más rancio, ese que critica tanto el papa Bergoglio como “hipócrita” y uno de los males más grandes de la Iglesia. Este malagueño saleroso emula a un personaje de Buñuel – el Nazarín, en blanco y negro, con esa melena renegrida y artificial que es marca de estilo entre los curas de la opción por los pobres, como el cura “Pepe” – ¿nunca encanecen? Olveira le discute a Lilita Carrió – que derrama fe para dar y repartir – sobre quién “secuestró el Santísimo”, y de paso pide indulto para los compañer@s. Se le van a alzar resistentes del peronismo combativo para reclamar precedencias porque ellos pedían, bajo las dictaduras, navidades sin presos políticos. Circulan por las redes quejas de Eduardo «Caito» Cevallo – fundador de Guardia de Hierro con el “Gallego” Álvarez y “Pajarito” Grabois -, y de un hijo de Elpidio Torres, fogonero del cordobazo, por la usurpación de la condición de presos políticos. El malagueño podrá decir que eso ocurrió cuando era chico y que él reza – como cura que es – lo que le cuentan, no lo que vivió. Valga esta incursión virreinal de Olveira por las indias occidentales, como repago por las cosas buenas que vinieron de España. También como retaliación por el envío que hemos hecho desde acá de esa juventud maravillosa que inspira de peronismo a la escuadra de Podemos que cogobierna hoy en la Madre Patria. Luis Delía, que le pone pesto a todo, agregó que Alberto tiene que cambiar la Corte, porque si no, la van “meter presa a Cristina en febrero, a más tardar marzo”. El temor al juez también tira más que una yunta de bueyes.

Ley Cafiero, la hoja de ruta contra la autonomía

Aquella norma, que funciona como la hoja de ruta del peronismo para jibarizar la autonomía porteña, perseguía “garantizar los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la República, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno”. Toda una revelación de intenciones del unitarismo del peronismo contra el formato federal de la organización nacional. Es una norma virreinal que supone que los intereses de la Nación no son los mismos que los de las provincias, en este caso la CABA. Era lo que podía cambiar con la elección de gobiernos del mismo signo en las dos jurisdicciones. Ocurrió entre 2015 y 2019, y es lo que ahora el peronismo gobernante quiere derogar. Cuando se sancionó aquella norma, otro convencional, Antonio María Hernández, pidió la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley Cafiero, como el artículo 2°, que le da a la Nación el poder no atribuido a la CABA por la reforma constitucional. También el artículo 3°, que preserva la propiedad de los edificios del gobierno federal, el artículo 7°, que le daba el control de la seguridad (algo que se reformó años después, con el primer traspaso de funciones policiales) y la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires (Artículo 8° de la ley 24588).

(De la columna “Arriesga Alberto la amistad con los gobernadores”, Entretelas de la política, en Clarín de hoy – https://clar.in/37uVAey?fromRef=twitter)