El resultado de esos debates probará si es posible renovar acuerdos plurianuales, por encima o por debajo de la dinamita que se cruzan en la superficie. El resultado es clave porque estos emprendimientos no se hacen de un día para el otro. Tardan años y para eso no pueden estar merced a los cambios de gobierno.
Importa la calidad y la cantidad de votos con el que se aprueban. Leyes sacadas con el filo del quórum como la ampliación de la Corte van a durar pocos años. La tera del legislador no es ganar partidos por un voto. Es construir mayoría en torno a proyectos sustentables. El mérito de la aplicación ha sido la prudencia porque es una revolución social emprendida por un gobierno como el de Macri, del cual nunca se esperarías revoluciones.
Esa prudencia ha impedido que se desatase la leyenda de que el Estado es una máquina de expropiar y que avasalla el derecho de propiedad-. Cambiemos nunca hubiera apoyado una norma como la de 2018 y le costaría ir para atrás ahora. De que avance dependen otros proyectos, como el que busca aplicar el mismo sistema de uso de tierras ocupadas para promover agricultura en el formato familiar o de la misma economía popular.
Hay un acuerdo que firmó el equipo que construyó estas leyes con el ministerio de Agricultura cuando estaba allí Julián Domínguez, otro bergogliano. La base de un proyecto que puede llegar a ser tratado en marzo de 2023, con el mismo sistema de consensos que se usó en la ley de Barrios Populares.
Comienza con la creación de un registro de las parcelas catastrales y los datos de las familias que trabajan en ellas. También, como en las villas, se extenderá un certificado que brinde seguridad en la tenencia para las y los productores. El proyecto supone que hay 100.000 familias de pequeños productores, sin seguridad en la tenencia, hoy producen más del 60% de los alimentos que se consumen en las ciudades.
El sistema de leasing, según un modelo copiado de Israel – según el proyecto – prevé alcanzar a 45.000 contribuyentes que puede pagar un arrendamiento de un canon promedio de $ 10.000 mensuales por Unidad Agrícola Social. Previendo un 10% de morosidad, la primera recaudación anual rondaría los $ 5.400 millones.
(De la columna “Villas, nuevo desafío al acuerdismo” – https://clar.in/3r5UsqA?fromRef=twitter, Entretelas de la política en Clarín de hoy)