El proyecto de eliminar las PASO es el más viejo del gobierno. A pocos días de asumir, Alberto Fernández tenía sobre su mesa el informe del entonces apoderado del PJ nacional, Jorge Landau, sobre la manera de hacerlo. En la columna “Avant Premiere” que publica el diario Clarín del 5 de enero de 2020, se adelantaron los detalles. Reproducimos aquí el primer capítulo de esta novela al cual el gobiernos le quiere dar algún final en estas horas:
El Gobierno habilitará el debate para una reforma o abolición del sistema de las PASO para validar candidatos en elecciones nacionales. En los despachos del área presidencial admiten la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva una reforma de la ley vigente, para por lo menos reducir los plazos entre PASO y elecciones generales. El objetivo es evitar lo que ocurrió el año pasado, cuando los resultados del 11 de agosto mostraron una diferencia irreversible entre un peronismo unido y Juntos por el Cambio. El deterioro de la situación de país, por la incertidumbre ante ese escenario, se prolongó durante cuatro meses, hasta la asunción del nuevo presidente.
Este escenario repitió la crisis de 1989, cuando Carlos Menem ganó las elecciones en mayo, y la espera hasta el 10 de diciembre se tornó tan insoportable que Raúl Alfonsín debió adelantar su salida en julio. Cuando se discutió la reforma de la Constitución en 1994, se estableció que entre la elección general y la entrega del poder hubiera un lapso mínimo, para no convertir a un partido perdedor en un muerto en vida. Hoy la legislación pone la fecha de la primera vuelta en la última semana de octubre, es decir menos de 60 días antes del cambio de gobierno. Pero la ley posterior que creó las PASO abrió un lapso nuevo, y dañino.
Por otra parte, existe un preconcepto, no siempre respetado, de que en años electorales no se deben sancionar reformas de leyes de ese fuero. Esto quiere decir que una reforma -de por lo menos las fechas de las PASO- tendrá que ir al Congreso este año. Seguramente irá con la insistencia del Congreso para que en 2021 también se vuelvan a elegir diputados del Parlasur. Lo ordena la Justicia, después de una suspensión floja de papeles que dispuso el anterior gobierno. Ya van dos presidentes, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que criticaron la existencia misma de las PASO, y prometieron proyectos para eliminar el sistema. Esa coincidencia nunca dio resultado alguno.
Las PASO fueron creadas después de la derrota legislativa de Néstor Kirchner en 2009, como un sistema de habilitación de los candidatos ganadores de las primarias, y un castigo a los perdedores, que quedan inhabilitados para competir. Se convirtieron en una estatización de las elecciones internas, hasta entonces patrimonio de las cartas orgánicas de los partidos. Las festejaron los partidos y la Justicia electoral por razones diversas. Es un sistema que les sirve a partidos cismáticos como el peronismo, que es una colectividad de tribus que viven combatiéndose entre sí. El radicalismo nunca las ha sabido usar, porque es lo más parecido a un partido político de manual, y mantiene liderazgos que aseguran la unidad. A la Justicia le gustó porque reduce la oferta electoral y la cantidad de partidos. Alguien tiene que explicar qué ventaja trae esto en un sistema de voto obligatorio.
(De la columna “Qué pasa con las PASO, la interna por Rafecas y el terraplanismo de Macri” Avant Premiere en Clarín del 5 de enero de 2020 http://bit.ly/2SYLgob?fromRef=twitter)
