La Corte mostró los dientes
La Suprema Corte le sacó las papas del fuego al gobierno con el fallo del viernes que repuso la vigencia de la Ley de Tierras de 2011. Al conceder el amparo a una organización ambientalista de Bariloche, admitió la personería que le había negado a los combatientes de Malvinas para reclamar por un fallo que se apresuró a enmendar en tiempo récord. El tribunal mostró los dientes y exhibió su poder por sobre el Ejecutivo: te meto en un problema y te saco cuando quiero. Importante cuando el gobierno enfrenta el último tramo de gestión, busca acuerdos para completar o aumentar el tribunal, y la Comisión de Acuerdos del Senado está vacante por la muerte del senador Juan Carlos Pagotto. Es un mensaje de la Corte para que no la dejen afuera de ese debate. Si tocan la Corte, vienen a decir, este cuerpito también respira. Con la sentencia del viernes, vuelve a regir la ley de tierras de 2011 y valen los amparos ambientales que pueden afectar a reformas el gobierno quiere blindar porque son la base de negocios que buscan protegerse. Por ejemplo, la ley de glaciares. Todo lo que se haga en ese terreno transcurre en estado de extrema necesidad. El miércoles la comisión escuchó a postulantes de jueces, sin quórum, ni para elegir al sucesor de Pagotto. Fue presidida por el misionero Carlos Arce, por orden alfabético. Una prueba de la fragilidad de estos tiempos recios.
Peligra el quórum opositor
Hubo seguramente un cortocircuito entre esa decisión y el humor colectivo, enardecido de nacionalismo malvinero desde el triunfo contra la selección inglesa en el Mundial de fútbol. Esa sentencia produjo dos efectos: 1) derogaba la Ley de Tierras de 2011 que el gobierno quiso eliminar en el Senado y fracasó, y 2) agravió la imagen de los combatientes. De apuro la Corte, sin el apoyo de Rosenkrantz, aclaró que no era para tanto. Apuntó el remedio con el fallo del viernes, firmado por Rosatti, Lorenzetti y dos conjueces, y rechazado por Rosenkrantz. Salvó al gobierno del pánico de que pudieran voltear el DNU 70, no tanto por las materias que dirían quedar liberadas, sino por mostrarse débiles frente a los observadores que le interesan al Ejecutivo (mercado, inversores, analistas de riesgo, organismos internacionales), tanto que el Congreso y los jueces le marcan el camino y le recuerdan su debilidad. De este fin de semana al jueves 15 seguirán las fricciones entre oficialismo y oposición. El Ejecutivo confía en que las relaciones con los gobernadores impidan que se logre el quórum. La sesión está pedida por un amplio frente de la oposición que dijo contar con 123 votos hasta ahora: a solo 6 de lograr que sesionen. Con este empujón de la Corte el gobierno gana oxígeno para que fracase el envión opositor que le quiere cuestionar todo lo que hizo desde 2023, cuando firmó el DNU 70. A la espera del poroteo que ocurra desde esta semana, Martín Menem verá si la convoca o cita a los firmantes para pactar que se anule el pedido y se declare tablas.
Arrepentido, se busca
Habrá que escribir en algún momento, si aparece algún arrepentido, la petite histoire de este minué que movilizó al tribunal como pocas veces antes, ante el strepitus fori que ocasionó la sentencia contra los combatientes. Con la reposición de las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, la Corte le regaló al gobierno la posibilidad de que fracase el quórum en la sesión pedida para el 15 de octubre por la oposición. Si esa zona liberada para que se vendieran tierras a extranjeros seguía vigente, es muy probable que se hubiera reunido el número de 129 para derogar el DNU 70/2023, que estaba en discusión en las dos decisiones. Ese decreto, que ya el Senado y la Justicia han jibarizado, sigue siendo el programa del gobierno de Milei, herencia de lo que los técnicos de Cambiemos habían preparado para sus candidatos en las elecciones de 2023. Al fracasar ese empeño, Javier Milei recogió los papeles que habían quedado dispersos en pasillos vacíos de esa coalición, se subió a la moto y ha intentado cumplir por ese mismo sendero.
Relaciones con el gobierno
Al gobierno le basta con que le demoren el tratamiento de fondo de algunas demandas que arrinconan medidas económicas y que pueden estar a punto de sentencia. No parece ser el criterio de los tres magistrados. Horacio Rosatti, presidente del tribunal, y Ricardo Lorenzetti pueden identificarse con relaciones pacíficas con el Ejecutivo. Rosatti tuvo un sofocón cuando un hijo recibió el acuerdo del Senado para ocupar un puesto en el Poder Judicial. No quiere decir nada malo, pero identifica algún entendimiento. Lorenzetti, por su lado, fue reconocido como quien propuso a Ariel Lijo como candidato a la Suprema Corte. El Senado no convalidó esa propuesta, pero quedaron las señales de alguna relación especial que no se le ha reconocido al tercer miembro, Carlos Rosenkrantz. ¿Pudo pensar un ala del tribunal que podía edulcorarse la demora en emitir sentencia de fondo en ciertas causas, con el adelanto de un rechazo de alguna cautelar como la que pedían los combatientes? Una trama explicativa afirma esa presunción, indemostrable como mucho de lo que circula por los pasillos del 4° piso.
(De la columna «Capitalismo de vigilancia», ENTRETELAS DE LA POLÍTICA, en Clarín de hoy – https://www.clarin.com/economia/capitalismo-vigilancia_0_sOfTzvWWHA.html)