Reincide el juez Ariel Lijo en señalar que los fondos opacos de la campaña del Frente para Victoria para la fórmula presidencial de 2007, proceden de dineros mal habidos del narcotráfico o de la evasión fiscal. En el fallo del procesamiento de empresarios farmacéuticos y de los responsables del manejo de esos fondos, se vuelve a describir el mecanismo de encubrimiento de la procedencia de los fondos, y se afirma que es una forma de lavar dinero privado. Esa presunción es imposible de demostrar en el juicio, con lo cual pueden dormir tranquilos los procesados. Eso es porque la hipótesis equivocada, a partir de lo siguiente:

• A los gobiernos nunca les falta dinero para las campañas electorales.
• Lo que necesitan es blanquear los fondos para ese propósito, que proceden de reparticiones del Estado que disponen de fondos reservados, es decir partidas de uso discrecional. Suelen ser agencias de inteligencia civil y militar, y algunos ministerios ligados a las relaciones exteriores y la seguridad.
• Con esas partidas les sobra a los gobiernos para pagar los gastos formales e informales de campaña.
• Lo que necesitan los gobiernos son mecanismos de legalización de esos fondos de ofidios (para no mencionar la palabreja en honor a los lectores supersticiosos). Eso se hace armando listas de aportantes ficticios, con prestanombres que prestan el servicio de dar su identidad como donantes de partidas. Ellos nunca ponen la plata: firman documentos, etc., pero el dinero lo pone el propio Estado. Por eso es frecuente que esos prestanombres no resisten una auditoría contable para demostrar solvencia, como dice haber demostrado Lijo en la causa.
• Este procedimiento exige gente leal que preste el nombre y no abra la boca. Por eso suelen ser empresarios de sectores ligados a servicios de salud que dependen del aporte oficial, que es de donde se cobran por el servicio de prestanombres.
• Este procedimiento se ha empleado para blanquear los fondos reservados que usan los gobiernos en elecciones y también para otros disfraces. La pista aérea que se construyó en 1997 en Anillaco, La Rioja, se hizo también con fondos reservados. A raíz de las denuncias que preguntaban sobre esa obra, el gobierno de Carlos Menem inventó que se había hecho con al aporte de amigos del entonces presidente. En esa nómina aparecieron un cantor de tangos que vivía en París y un funcionario que es familiar de un ministro del actual gobierno. Se les atribuía en esa nómina un monto presuntamente donado para esa lista, que en realidad se había pagado con partidas reservadas.
• Si el juez Lijo no camina por esta pista, le va a ser difícil demostrar que hubo delitos preexistentes en el origen de ese dinero, porque usar fondos reservados es legal, aunque es incorrecto, feo, inconfesable. Y más si se usan para sacar ventajas en elecciones contra la oposición, que no tiene ese recurso pestilente de los fondos reservados.

Lijo, en su sentencia de ayer, resume esta operatoria de esta manera: “La modalidad empleada por esta maniobra era la siguiente: las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio la factura por parte de éstos. Previo a la presentación del cheque en el banco interviniente, se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja para así encubrir el origen del mismo. Ello, en virtud de que al tratarse de depósitos de este tipo, se desconoce su correspondiente origen y que, además, las firmas no han podido justificar. En tal sentido, corresponde señalar que las tres empresas aquí cuestionadas no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a dichos pagos, las sumas aportadas no guardaban similitud con los parámetros de dinero que éstas manejaban, y además no poseían registros contables de los correspondientes aportes realizados”.

Este procedimiento se les reprocha a Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y Hernán Diez, responsables de la recaudación de fondos. Estos ex funcionarios, para defenderse, deberían confesar el verdadero origen de los fondos, pero con eso pueden comprometer a sus referentes políticos de entonces, como Néstor y Cristina de Kirchner, o el jefe de gabinete Alberto Fernández, hoy en el massismo.

Para la contabilidad de la mancha venenosa, el fallo de Lijo no separa de la causa a Julio Cobos, a quien menciona como beneficiario junto a Cristina de Kirchner de este mecanismo. También salpica a Graciela Ocaña, hoy legisladora porteña en nombre de la oposición, a quien el juez sindica como participante de una reunión en la que se habló de recaudación de fondos.  El ahora procesado Capaccioli lo cuenta así:

 “Dos meses antes de las elecciones del 2007, se reúnen el Dr. Ramón Ruiz por el partido justicialista, la licenciada Graciela Ocaña por el partido de la victoria, el Sr. Eduardo Sigal por el Frente Grande, el Ing. Julio Cobos por el Frente Cívico y Social, el Dr. Enrique Cárdenas, por el Partido Intransigente, y el Dr. Carlos Trabulsi por el partido demócrata cristiano. Convinieron poner en funcionamiento una alianza programática y electoral conforme a la ley 23.298, a fin de participar en las elecciones previstas para octubre. Esta alianza electoral transitoria adopta el nombre de Frente para la Victoria, y tiene como objeto exclusivo apoyar y sostener a los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación. Los integrantes de los partidos políticos mencionados suscribieron un acta de acuerdo que actúa como estatuto de la Alianza electoral. Se crearon tres órganos colegiados de dirección, el primero, la Mesa Ejecutiva Nacional, el segundo, el cuerpo de apoderados y el tercero, los responsables económico financiero y político de campaña, órgano encargado de recibir y ejecutar los aportes electorales. La Mesa ejecutiva nacional, era un órgano colegiado deliberativo y plural. Fui miembro de este órgano, la integramos ocho personas, que proveníamos de distintos partidos políticos y que en forma conjunta teníamos a nuestro cargo las responsabilidades para el desenvolvimiento político, económico y jurídico del frente. Las decisiones se tomaban por simple mayoría y en caso de empate definía el voto del presidente, mecanismo que nunca fue utilizado pues todas las decisiones fueron tomadas por unanimidad. Luego de un amplio debate y buscando los consensos necesarios, esta mesa tuvo a su cargo la responsabilidad de proclamar la fórmula presidencial para las elecciones del 28 de octubre de 2007, formulada integrada por la Dra. Fernández de Kirchner para Presidente y el Ing. Julio Cobos para el cargo de Vicepresidente.” (http://www.cij.gov.ar/nota-22092-El-juez-Lijo-proces–a-exfuncionarios-y-empresarios-en-la-causa-por-lavado-de-dinero-por-medio-de-aportes-a-la-campa-a-electoral-del-2007-de-Cristina-Fern-ndez-de-Kirchner.html)