Un plenario de comisiones del Senado logró las firmas para el despacho para el proyecto de ley de financiamiento de campañas. Es un empeño multipartidario, en el que convergen proyectos de, entre otros, Miguel Pichetto y Ángel Rozas. Es después de una señal de la casa de Gobierno de que el tema se trate ya mismo en el Senado. La novedad es que autoriza que empresas privadas – con limitaciones – puedan financiar campañas. Es una consecuencia de la causa “cuadernos”, que ha espantado al mundo de los negocios del patrocinio a los políticos. En clásica reacción criolla, se pasa de los bolsos y los cuadernos, a un estricto control del flujo de dinero privado. Puede ser que la noema conmueva al morral, hoy cerrado, de los empresarios.
En el proyecto se establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado. No podrán recibir dinero de origen anónimo, ni entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, Inter estaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos
Aires. Tampoco de empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires, ni de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar.
Quedan prohibidos también los aportes de empresas extranjeras, de personas obligadas por sus patrones, y también de asociaciones sindicales, patronales y profesionales.
Para controlar esto se crea un “Registro de Trazabilidad de Aportes Electorales”, en la Cámara Nacional Electoral. que estará disponible en su sitio web.
La idea es que el proyecto vaya el próximo 14 de noviembre al recinto del Senado, junto con el Presupuesto y las leyes complementarias. Aunque el dictamen recoge firmas de todos los partidos, no es seguro que tenga el apoyo de todas las bancadas. Al menos por el clima que hubo la semana pasada en la audiencia que hizo el plenario para escuchar a expertos.
Para el peronismo, el proyecto puede beneficiar más a Cambiemos. Sus apoderados tienen las cuentas de las elecciones de 2015 impugnadas porque el hoy oficialismo pagó campañas con dinero donado por empresarios al partido. Con eso eludió, según los auditores de la Cámara nacional Electoral, la prohibición de usar plata privada en las elecciones, que es lo que permitirá la nueva norma. Si esto ocurre, las sanciones a los apoderados pueden caducar por aplicación de la ley más benigna.
La experta Delia Ferreyra, que es presidente de Transparency International, habló en el Senado en la audiencia de la semana pasada, y advirtió expresamente sobre la necesidad de que el proyecto no tenga cláusula de amnistía por irregularidades anteriores. Pero aún sin esa cláusula, una autorización del dinero empresario es una herramienta objetiva para borrar lo que se hizo antes. Los argumentos de Ferreyra son útiles para una reflexión sobre esta reforma, y provienen de una de las personas que mejor conoce el tema. Están en este video:
https://youtu.be/tK7MablffG8 vía @YouTube
El peronismo tiene también impugnadas sus cuentas, como el Frente Renovador, pero por otras causales que no se chocan con lo que propone este proyecto.
Si este proyecto es aprobado el 14 de noviembre, en cuyo orden del día quedó anotado por el plenario de hoy, estará en condiciones de que lo aprueben los Diputados en una última sesión del año antes del final del período extraordinario. La idea del oficialismo es que puede pasar a marzo, para desenganchar al proyecto de las tensiones quye hoy hay con la oposición como efecto del debate del presupuesto. En el peronismo federal querrían que se apruebe este año porque el nuevo sistema requiere tiempo para su organización, y comenzar el año que viene puede ser tarde para que sea eficaz. hasta ahora el gobierno no ha dicho, tampoco, si habrá sesiones extgraordinarias.
Aquí el proyecto
