Es muy fácil dictar medidas de emergencia y muy difícil, después, sacárselas de encima. En la Argentina las emergencias de Duhalde de 2002 se prolongaron durante 15 años por lo menos, sosteniendo facultades delegadas y superpoderes cedidos por el Congreso al poder Ejecutivo. Los políticos suelen estar entre las primeras víctimas de las emergencias extremas. Y más cuando pertenecen a sistema débiles y perforados por la falta de respaldo del público, algo que le ocurre a la mayoría de los gobiernos del mundo.

La pandemia ha hecho brotar esa pasión de los dirigentes por caminar por la cornisa y gobernar en el borde de la legalidad, como método para ganar la respetabilidad de sociedades con las defensas bajas. Saben que en tempo de crisis los pueblos se apiñan en torno a sus gobiernos. Conocen los riesgos de esa aventura, que puede convertir a los héroes en villanos. Lo sabe Duhalde, gran artífice de las emergencia criollas hace 20 años; no pudo superar las acusaciones por el caso Kosteky y Santillán, por las que ni fue encausado. Lo supieron los Kirchner, que adelantaron elecciones en 2009 con el mismo pretexto de las emergencia, y se los llevó puesto, con nada, Francisco de Narváez, No es difícil que unos aplausos se conviertan en cacerolazos. En estos días conviven los dos tipos de expresión a la misma hora y desde los mismos balcones.

El gobierno que asumió en 2019 restableció en pocas semanas de gestión las emergencias que regían desde 2002 en la Argentina y que habían ido cayendo a lo largo de los años. En 2018 la única emergencia que quedaba en pie era la que resguardaba a los pobres bajo el rotulo de la “emergencia social”. Se prolongó en el tiempo por el acuerdo entre la presidencia de Macri y el papa Francisco que reflejaron las leyes de economía popular – 2016 – y la de expropiación de tierras en barrios populares – 2019.

El marasmo económico que siguió la pelea electoral del año pasado forzó a la reposición de algunas emergencias que el propio macrismo había levantado. Alberto, al asumir, ha vuelto a convertir a la Argentina en un festival de excepcionalidades. Y eso que la oposición le hizo caer la mitad del proyecto de ley de solidaridad de finales de 2019, que pretendía para el Ejecutivo facultades extraordinarias para una reforma del estado que ni soñó Roberto Dromi en los años ’90.

Las zozobras de la pandemia ponen de nuevo a los gobiernos de todo el mundo ante el desafío de retener las riendas en la mano para que no se desboquen más los corceles del apocalipsis. Primero la salud, después la economía, más atrás, callado, yace el sistema político. Viene herido por el cataclismo de las rebeliones populares que han arrinconado a gobiernos de la región y del resto del mundo y que obligan a la mayoría de los países a gobernar con leyes de excepción, y mediante alianzas transgénicas inconcebibles en el pasado, como ocurre hoy en Israel o Alemania. Allí se ha hecho ya una costumbre la cohabitación, en un mismo gabinete, de fuerzas contrarias obligadas por la  necesidad a marchar juntos.

Acá la tentación de las emergencias tiene gran tradición y es fuente de lecciones que no hay que olvidar. En 2009, el gobierno de Cristina de Kirchner adelantó las fechas de elecciones legislativas de  octubre a junio de aquel año, con el argumento de que había una crisis financiera mundial que distraía al sistema. “Sería casi suicida embarcar a la sociedad en una discusión permanente de acá octubre””, dijo aquel gobierno cuando avisó, en marzo de 2009, de ese adelantamiento.

El argumento tenía motivos escondidos de sacar ventaja política. El gobierno venía de derrotas con el campo, contraatacaba con la estatización de las pensiones (noviembre de  2008), y empujaba el carro de la ley de medios (se sancionó en octubre de 2009), otra trampa de la política que le salió mal a aquel gobierno. Macri había anunciado un adelantamiento de las elecciones en la CABA y el gobierno se sentía más fuerte para ir a elecciones en junio con temor a que con el correr de los meses empeorase su prestigio.

La tentación quedó en eso: el gobierno perdió las elecciones aun con las llamada scandidaturas testimoniales y un aficionado de biografía política fugaz, como De Narváez, le ganó en la provincia de Buenos Aires las elecciones a diputados a un trío que parecía imbatible: Kirchner-Scioli-Massa, los tres a la cabeza de la lista. El crimen no paga.

La mejor vacuna para la tentación ante las emergencias es blindar el sistema político. En estas horas el sistema está arrinconado por un gobierno que busca acumular facultades extraordinarias, por decreto y sin abrir el Congreso. Dispara, además, campañas contra los políticos promoviendo la ola de reclamos por redes para que se reduzcan los salarios de los funcionarios. Ya lograron que se les sume la oposición. Encabeza la partida Sergio Massa, el flautista de Hamelin que pide que ese recorte sea del 40% de los salarios de los diputados. Está en la línea de sucesión de un gobierno que arrancó haciéndole creer a la gente que el drama del país radicaba en el nivel de las jubilaciones de los embajadores y los jueces, o en que estos paguen impuestos a las ganancias sobre sus ingresos.

Ahora la bronca se dirige a los políticos y jueces, como si sus salarios fueran la causa de la crisis y del virus. Ni qué decir del envión anti-empresas del gobierno, otra forma de comerse la alfombra roja. Las empresas y los particulares mantienen al Estado con el pago de los impuestos. Debería ocuparse el gobierno de no atacarlos, agraviarlos y tenerlos de su lado.

La necesidad de caminar por la cornisa no es nueva. Es intrínseca a la política contemporánea. Lo explicó bien Timothy Geithner, el secretario del Tesoro de Barak Obama cuando justificó la medidas “socialistas” de aquel presidente para enfrentar la crisis financiera de 2008/9. Hay que aprender a gobernar en el límite de las leyes, porque el sistema siempre llega tarde.

Esa necesidad de manejarse en caminos de montaña a gran velocidad hace necesaria una gran fortaleza del sistema. Sólo se puede ser excepcional si el sistema es firme y resiste. Si el sistema es cuestionado, las emergencias aumentan la fragilidad y se potencian. Al final se vuelven en contra, como le ocurrió a los Kirchner en 2009. Cambiaron el reglamento electoral para salvarse, y perdieron lo que tenían.

A este respecto aporta el informe de la periodista británica  Selam Gebrekidan en The New York Times, quien advierte que el coronavirus es para, para los autócratas, una oportunidad para blindar su poder (“For Autocrats, and Others, Coronavirus Is a Chance to Grab Even More Power” https://nyti.ms/39qLqJt). Por acá hay autocracia de cabotaje, el gobierno hace política sin barbijo y promueve reuniones sin atender a las medidas que le impone a la oposición y la sociedad. Hasta ha informado que todo el gabinete se ha vacunado (ver la nota de Nicolás Wiñazky “Alberto Fernández extiende la cuarentena y el virus marca el ritmo de su gestión” – https://clar.in/2UpGxMz?fromRef=twitter). Haberse vacunado con la cepa 2020 contra la gripe es un privilegio que no ha tenido el resto de los ciudadanos. Hace recordar al cepo cristinista, que prohibía la importación de repuestos de ciertos modelos de autos importados que la presidente usaba para sus traslados en público. O el descaro de los políticos que desde hace años exhiben celulares de marcas premium cuya venta está vedada en la Argentina.

En su informe al NYT la periodista Gebrekidan enumera las medidas de excepción que se han tomado en todo el mundo: en Hungría el primer ministro gobierno por decreto y amenaza a la prensa con sancionar la difusión de noticias falsas. ¿Quién determina que una información lo es? En la Argentina ya hay jueces que piden peritajes sobre si una noticia periodística es una operación de AP (Acción Psicológica), según la definen los reglamentos militares. ¿Acaso todo mensaje público no es Acción Psicológica? Incluso éste.

En Gran Bretaña, hay detenciones y cierre de fronteras, Israel cerró los juzgados y ejercen vigilancia sobre las personas más allá de las leyes anteriores, Chile sacó el Ejército  a la calle, Bolivia ya postergó las elecciones, Singapur publicita por internet la identidad de los contaminados: Ni qué hablar de China y sus medidas de control ciudadano a través de aplicaciones tan invasivas y peligrosas como las que aprobó la semana anterior España para usar la geolocalización de los celulares para saber quien anda por dónde, y con quién. Filipinas impuso la censura de prensa y Estados Unidos discute la protección legal a los asilados.

Un panorama similar sobre esta tentación autoritaria aporta en estas horas Sławomir Sierakowski en su ensayo Populists Love the Pandemic (https://www.project-syndicate.org/commentary/covid-19-poland-hungary-authoritarians-by-slawomir-sierakowski-2020-03)

A gobernar no se aprende en ninguna academia. Y menos bajo una crisis inclemente como la que toca hoy. En ese día a día del aprendizaje conviene retener algunos básicos, como las prevenciones para la gran tentación de la autocracia, algo para lo que el peronismo no tiene vacuna.