El oficialismo se inspiró en el producto más brutal y sofisticado de Comité de la Salud Pública del directorio revolucionario francés, para redoblar su vigilancia sobre la opinión pública. La Defensoría del Público – una institución pagada con dinero del propio público – la expedientó a la animadora Viviana Canosa por haber deslizado información que pone en duda el procedimiento de hisopado… en España. Esa oficina no explicó si las palabras de la Canosa – como la llaman sus colegas – ofendió al virus, al hisopo o a la raza. Pero le pide a la emisora que emite el programa que “repare” esos dichos. En la ley más dura que pudo imaginar aquel régimen francés de terror, que se sancionó en la Asamblea el 22 Pradial – equivale al 10 de junio- de 1794, ordenó la pena de muerte para quien diseminase información falsa. En un mes, pasaron por la guillotina más de 1.500 desgraciados, aunque no es dable saber si todos eran animadores de “fake news”. Esta anécdota, que no terminará en nada, aunque se gasten algunos pesos del erario, señala la vocación de este oficialismo – que es injusto identificar con todo el peronismo – por el estado de excepción. Este parece ser el clima con el cual el oficialismo quiere llegar a las elecciones. Es la única explicación que tiene el haber puesto la agenda del gobierno nacional al servicio de una nueva batalla por la peste. No es privilegio de estas costas, porque la pelea por el virus es el lugar común de las confrontaciones políticas en todo el mundo. Le costó la cabeza a Donald Trump, a Angela Merkel, hace tambalear al gobierno socialista de España y perfora a la mayoría de las administraciones que actúan con protocolos democráticos. En las dictaduras, el expediente de la excepción es una marca en el orillo – como decían los tenderos cuando éramos chicos.
(De la columna “Reabre el Congreso bajo la lupa de los gobernadores” – https://clar.in/3uWeF2b?fromRef=twitter)